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Opiniones de hoy

Investigación de los programas clientelares

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Desde que en el año 2008 el régimen de Álvaro Colom destinó millardos de quetzales a los denominados “programas sociales” (cuya finalidad era ni más ni menos el “clientelismo político” a favor del oficialismo), a cargo del cuestionado Consejo de Cohesión Social, creado por acuerdo gubernativo y presidido por Sandra Torres, exesposa de Colom, la ciudadanía no ha tenido acceso a una concluyente y convincente rendición de cuentas ni tampoco a los resultados de una auditoría suficiente y efectiva por parte de la Contraloría General de Cuentas.

Por el contrario, los “programas sociales” (bolsas de alimentos, comedores, fertilizantes, construcciones, entrega de dinero en efectivo y demás) han venido implementándose bajo una absoluta opacidad, secreto y ausencia de supervisión y fiscalización, primero bajo el Consejo de Cohesión Social, que se convirtió en el principal bastión político electoral de Sandra Torres, y después durante el régimen de Otto Pérez a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, con la misma pretensión político electoral en favor del delfín oficialista el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Los multimillonarios “programas sociales” se manejan con absoluta liberalidad y discrecionalidad. Se decreta la austeridad en el sector público, pero en cuestión de “programas sociales” más bien se gasta más y más. Nadie sabe nada sobre las cuentas bancarias que se han utilizado ni sobre el monetario (dinero en efectivo) que se gasta a manos llenas, ni sobre si los fondos se han malversado. Tampoco se sabe nada de los proveedores ni en cuanto a si se cumple o ha cumplido o no con los dictados de la Ley de Contrataciones del Estado en materia de licitaciones o cotizaciones.

Ahora que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) están destapando las reposaderas hediondas de la corrupción en el sector público, no debe dejarse en el tintero la investigación a fondo de los “programas sociales”, especialmente las cuentas bancarias que se utilizaron, así como la interrogación y verificación de patrimonios de los beneficiarios, proveedores y operadores de los programas. También debería investigarse los fideicomisos públicos que sirvieron para el efecto, así como los ministerios, fondos sociales y secretarías de la presidencia que hicieron transferencias ilegales de sus recursos presupuestados a las unidades ejecutoras de los programas clientelares o que se prestaron al derroche.

Los guatemaltecos tenemos el derecho a saber qué pasó con los millardos de quetzales que se despilfarraron en clientelismo político y que generaron déficits presupuestarios y fiscales impagables, y que tuvieron que ser financiados con más endeudamiento público.

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