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Opiniones de hoy

La lógica de la reforma


Es conveniente intentar comprender la lógica que subyace tras los cambios.

 

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Recientemente, los presidentes de los tres poderes del Estado lanzaron a nivel nacional una propuesta de reforma al Sector Justicia, que incluye una serie de modificaciones a la Constitución Política de la República. Para que el subsiguiente proceso de discusión (que ya ha comenzado) sea fructífero –y ante la falta de una exposición de motivos que explique las razones que sustentan la propuesta- es conveniente intentar comprender la lógica que subyace tras la misma.

Primero, la intención. Es razonable suponer que los ponentes de la reforma, buscando fortalecer el sector justicia del país, llegaron a la conclusión de que para lograrlo resulta imprescindible modificar el texto de la Constitución. Es decir, no se trata de modificar la Constitución como un fin en sí mismo (como sí lo fue en el fallido intento de Pérez Molina hace dos años), sino que la reforma constitucional surge como un medio para lograr el fin de fortalecer el sector justicia.

Segundo, el por qué. Al leer la propuesta se infiere que los ponentes entienden que el fortalecimiento del sector justicia conlleva dos objetivos esenciales. Por un lado, lograr una efectiva independencia de los jueces y magistrados; y, por otro lado, modernizar la estructura institucional del sistema judicial para mejorar su eficiencia. De ahí que los componentes clave de la propuesta sean la integración de las cortes (Suprema y de Constitucionalidad) y la creación de un Consejo de la Carrera Judicial.

Tercero, el para qué. Siendo perspicaces, se adivina que los redactores de la propuesta (con una fe evidente en un sistema donde prevalecen los jueces y la ley) ven al fortalecimiento del sector justicia como el pilar sobre el cual se fundamente la construcción de un Estado de Derecho y que dicha construcción, a su vez, es la última tabla de salvación para evitar que el país se convierta en un estado fallido.

Cuarto, el alcance. Si lo anterior es cierto, se desprende que la propuesta plantea una reforma gradual del Estado –en vez de una revolución-, mediante un proceso controlado, con epicentro en el sistema judicial, pero con repercusiones en los demás organismos y sistemas estatales (que eventualmente derivaría en la depuración del Congreso, el combate a la corrupción en el Ejecutivo o la reforma profunda del sistema político).

Quinto, quién la impulsa. De lo dicho se colige que (aparte de los presidentes de los Organismos, ponentes formales de la reforma) pueden existir otros poderes interesados en apoyar una reforma profunda del Estado. La CICIG y el Ministerio Público, por mencionar dos ejemplos, estarán muy interesados en dejar un sistema de justicia renovado como legado de su exitosa gestión en contra de la corrupción. Y la embajada estadounidense, por mencionar otro ejemplo, estará muy interesada en evitar -a través de un sistema judicial eficiente- que la amenaza del estado fallido se manifieste en más migrantes, ingobernabilidad o narcotráfico.

Esta parece ser la lógica de la reforma constitucional que está sobre la mesa. Corresponde ahora a la ciudadanía interesarse y participar activamente en la discusión a fin de procurar que el contenido de las reformas planteadas se mejore en lo que sea necesario para lograr los objetivos trazados. Y también le toca velar porque los procedimientos constitucionalmente establecidos para reformar la Constitución (desde el primer paso formal que es presentar la iniciativa correspondiente, hasta el último que culmina con la consulta popular) se cumplan estrictamente.

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