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Opiniones de hoy

Parálisis estatal

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Según la denuncia presentada por la jefa de la bancada de EG, más de 150 proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP– mostraban un avance financiero de cien por ciento y cero por ciento de ejecución física. En palabras que entendemos todos, los ejecutores responsables de estas obras se gastaron todo el dinero y no pusieron ni siquiera un clavo o un ladrillo en la construcción de estos proyectos. Algo que, como bien lo saben las altas autoridades del Minfin, es producto de la histórica desconexión entre el sistema de pagos del Minfin y los sistemas de reporte de avance físico de Segeplan. Si bien estas debilidades administrativas son importantes y podrían corregirse fácilmente si se tuviera la voluntad política, el verdadero problema detrás de la inversión pública, y de la gestión del gasto público, es el caos normativo provocado por sucesivas reformas casuísticas que han hecho caso omiso de las múltiples interrelaciones entre los distintos cuerpos legales y los efectos sobre las operaciones cotidianas de las entidades de gobierno. Solamente la adopción de un enfoque sistémico sobre los problemas del gasto e inversión pública podría ayudar a anticipar y comprender dichos efectos.

Aunque puede resultar necesaria alguna nueva legislación para corregir muchos de los abusos y corrupción que ocurren en la ejecución de la obra pública, tal y como lo indicaba la diputada de EG, es necesario reconocer que no se puede seguir compartimentando el enfoque de las reformas legislativas en asuntos relativos al gasto público. La visión de túnel que sigue prevaleciendo entre los expertos en este tema ha provocado una cantidad inmensa de cuellos de botella regulatorios, áreas grises de interpretación normativa y contradicciones legales que limitan cada vez más el área factible en la que pueden operar las entidades del Estado. Al punto que, sin exculpar la poca experiencia y falta de conocimiento de muchos altos funcionarios públicos, se ha llegado a un punto en donde es virtualmente imposible cumplir con lo que demanda toda la normativa relativa al gasto público, independientemente de qué entidad de gobierno se trate y de dónde provengan los fondos públicos.

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