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Opiniónes de hoy

¿No reactivación de la pena de muerte?


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La Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH) solicitó al gobierno guatemalteco que no se “reactivara la pena de muerte”, extremo que, ni más ni menos, se traduce en que el Estado de Guatemala no regule la conmutación o indulto de la pena de muerte, conocida como el “recurso de gracia”, previsto en la Convención Americana sobre DD. HH. (Pacto de San José).

El Artículo 4, numeral 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada por el Estado de Guatemala, dispone que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos; y, asimismo, que no se puede aplicar la pena de muerte mientras una solicitud en ese sentido esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Hasta el 1 de junio del 2000, la facultad de conceder indulto o de conmutar la pena de muerte (sustitución por la máxima pena de prisión), conocido comúnmente como el recurso de gracia, correspondía al Presidente de la República, conforme lo ordenaba el Decreto 159 de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, dicho Decreto fue derogado por medio del Decreto 32-2000 del Congreso, a raíz de que el expresidente Alfonso Portillo (2000-4) se negó a asumir la responsabilidad de conceder o no el indulto que solicitaran los condenados a muerte.

La ausencia de una autoridad que conceda o no el recurso de gracia dio lugar a que la Corte Interamericana de DD. HH. dictaminara, en sentencia del 20 de junio de 2005, que Guatemala debía regular el procedimiento de indulto para los condenados a muerte. No obstante, el Estado de Guatemala no ha regulado el recurso de gracia, por lo que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), arrogándose una función que no le corresponde, ha conmutado la pena de muerte por la pena máxima de prisión a los condenados a la pena capital que se lo han solicitado, a través del recurso de revisión. Esto no está legislado, por lo que deviene jurídicamente improcedente.

En nuestra opinión, mientras la pena de muerte no sea legalmente abolida en nuestro país, decisión que, por mandato constitucional, le incumbe al Congreso, forzosamente debe agotarse el recurso de gracia, el cual debería de ser conocido por el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado y no de Jefe de Gobierno (del Organismo Ejecutivo). Por tanto, toca al Congreso y no a la CSJ poner fin a la incertidumbre a través del restablecimiento del recurso de gracia o, en su caso, de la abolición de la pena de muerte.

Consecuentemente, extraña sobremanera que la CIDH pida que el Estado de Guatemala no cumpla con lo ordenado en el Artículo 4, numeral 6, de la Convención Americana sobre DD. HH. ni acate lo resuelto por la Corte Interamericana de DD. HH., a través de lo que la CIDH antojadizamente califica como “no reactivación de la pena de muerte”. En todo caso, lo procedente hubiera sido que la CIDH solicitara al Congreso la abolición de la pena de muerte, si no está de acuerdo con su vigencia y aplicación, pero no que aliente y pretenda la “no reactivación de la pena de muerte”, lo que supone que el Estado de Guatemala incumpla sus
obligaciones internacionales. ¡Por favor!

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