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Vuelvo a hacer otra pausa en la serie de artículos que he venido publicando sobre la historia de Guatemala, para referirme a este tema:

Otra vez la tragedia de la Embajada de España

En su columna periódica en la sección de opinión de elPeriódico, el licenciado Acisclo Valladares Molina publicó, el sábado pasado, un artículo titulado “La historia que se omite”, en relación a la tragedia ocurrida en la embajada de España el 31 de enero de 1980. Tiene el subtítulo: “Se les secuestró y se les retuvo hasta su muerte”. Para evitar equívocos, el grupo de invasores “pacíficos” a la embajada, integrado por campesinos del CUC y universitarios guerrilleros urbanos, fueron quienes secuestraron y retuvieron hasta su muerte a los rehenes y al personal de las oficinas de la embajada.

Comienza así: “Yago Pico de Coaña publicó un artículo que firma como Embajador de España y en el cual afirma que el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala (1996-2000) habría “pedido” excusas al gobierno y al pueblo de España por lo actuado por nuestras autoridades en los sucesos del 31 de enero de 1980 lo cual es inexacto por cuanto que no les “pidió” disculpas sino que, por el contrario, se las dio”.

Esto es verdad, fue una mariconada, un episodio vergonzoso en nuestra historia diplomática, debido a que el licenciado Fernando Andrade Díaz-Durán, entonces Canciller del gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, por congraciarse con el canciller de España, con quien se encontró en una reunión en Colombia, convenció al jefe de Estado de facto de pedir perdón a España y de pagar las indemnizaciones económicas que se exigían. Lo cual consistió en mucho dinero que fue a parar a los bolsillos de los deudos de algunos de los funcionarios, tales como el Cónsul Jaime Ruiz del Árbol, y Mary Wilkin, Lucrecia Anleu, y deudas de los invasores, como Rigoberta Menchú, hija del dirigente del CUC Vicente Menchú, que encabezaba a los invasores “pacíficos”.

Sigue diciendo Valladares Molina: “La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que las autoridades del país receptor no pueden ingresar a los recintos de las Misiones diplomáticas en él acreditadas sin la autorización del Jefe de la Misión, siendo el caso que nuestras autoridades no solo ingresaron sin permiso sino contra su tajante oposición”.

Comento: En efecto, el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece en el punto número 1 de su artículo 22: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.

Es verdad. Pero mi estimado amigo Acisclo olvida que en el siguiente punto de ese artículo se agrega: “El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.

Y era evidente que si las instalaciones habían sido invadidas por un grupo de personas desconocidas y armadas de pistolas, machetes y bombas Molotov, no era precisamente una visita “pacífica”. Y era obvio creer que si el embajador ya había perdido el control de la misión, no estaba reaccionando por voluntad propia, sino obligado por los invasores. Y que el punto 2 del artículo 22 de la Convención de Viena establece que “El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda obstrucción o daño”.

Concuerdo con Acisclo en que habría sido mejor que los policías no hubiesen tratado de entrar por la fuerza a las oficinas de la embajada para liberar a los rehenes, principalmente al ex vicepresidente de la república, licenciado Eduardo Cáceres Lehnhoff y al ex Canciller licenciado Adolfo Molina Orantes. Pero las autoridades lo hicieron porque los invasores habían amenazado con inmolarse y matar a los rehenes.

Sobre todo, nada habría pasado si lo invasores no hubiesen llevado un buen número de bombas incendiarias que al estallar quemaron las instalaciones y les incineraron a ellos mismos.

Además, la tragedia ocurrió porque el nefasto embajador Máximo Cajal y López se estaba inmiscuyendo en los asuntos internos de Guatemala, lo cual también está prohibido en la tantas veces citada Convención de Viena.

Yago Pico de Coaña afirma que al momento de ocurrir los hechos el gobierno constitucional del general Fernando Romeo Lucas García era un gobierno de facto. Y que el propio mandatario “estaba enloquecido”, con lo cual demuestra su ignorancia y estupidez.

Twitter@jorgepalmieri

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