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Opiniones de hoy

El eslabón débil

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Riesgos de involución institucional.

Después del primer gobierno democrático que encabezó Vinicio Cerezo, el Ejército fue sustrayéndose del protagonismo político. El golpe de Estado de 1993 lo ejecutó el propio presidente electo y al cabo la fuerza armada se subordinó a la Corte de Constitucionalidad y a la decisión del Congreso que nombró al nuevo Presidente y Vicepresidente para completar el periodo de gobierno. El proceso de paz no dejó de ser un trance, sobre todo cuando se modificaban las delegaciones de negociadores del Ejército, pero fue solventado.

En 2015 los militares también permanecieron al margen de los eventos políticos, aunque, claro está, una mala gestión de gobierno siempre va a impactar en su desempeño. Desde asuntos básicos como escasez de combustible, raciones de alimentos, uniformes y proliferación de plazas “fantasma”, hasta la compra de radares presuntamente sin piezas para operar. No obstante la tradición de doctrina, el Ejército, en términos relativos no puede librarse del debilitamiento general de las instituciones del Estado. En otro campo, otro organismo reconocido por su solidez, el Banco de Guatemala, tampoco escapa al escándalo ni a los efectos del envejecimiento del paradigma monetario.

Ese es el problema más serio del Ejército y de casi todas las instituciones públicas. En este caso, el poder civil no orienta –como es su deber– la misión militar coherentemente. En la política de Defensa se establece de forma clara el parámetro moderno de la función del Ejército (cada vez más especializada, compleja y técnica), pero no se le dan los medios y, en cambio, le asignan tareas cotidianas de policía y de promotor social. Enviar a la tropa a ocupar territorios socialmente conflictivos, retrasa su evolución institucional y doctrinaria. La tragedia en Alaska (octubre 2012) mostró la alta combustión del terreno. Ha habido otras “no tragedias”, como el asalto comunitario al destacamento de Barillas o el desarme voluntario de la tropa en San Marcos, encomendando los fusiles a la PDH, mientras negociaban una noche entera con población enardecida que intentaba destruir una planta de electricidad, que reflejan en actitudes los avances de la política de Defensa.

Las acusaciones penales contra 18 exaltos mandos, la mayoría ancianos y algunos considerados intocables, crispó a la sociedad militar y sus círculos de influencia/apoyo que no entienden la acción del MP sino como conspiración comunista, grave traición y acto de guerra. Si el resto de la sociedad se deja arrastrar por la polarización que se alimenta del miedo, Guatemala entrará en un periodo de desestabilización impidiendo reconstruir las instituciones públicas –que es la tarea central del gobierno que asume hoy– y revirtiendo los avances de 2015 en el sistema de justicia, los más relevantes en muchos años para el fortalecimiento del Estado de derecho. El general Alfredo Sosa Díaz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, resultó ser el eslabón débil –al menos el más visible– que, al promover un amparo parcial ante la CC en contra de la Ley de Reconciliación Nacional, mueve las aguas dentro del Ejército, comprometiendo aún más su evolución institucional.

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