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Opiniones de hoy

La pgn en acción


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La Procuraduría General de la Nación (PGN), por mandato constitucional, está destinada a desempeñar un papel importantísimo en la vida nacional. En la PGN debe concentrarse la asesoría y consultoría a todas las entidades y órganos del Estado, lo que se traduce en que la misma, indefectiblemente, debe ser la generadora de todas las opiniones, dictámenes, observaciones técnicas, consejos y apoyos en general sobre cualquier materia (jurídica, económica, ambiental, desarrollista, social, legislativa y demás) que soliciten las instituciones estatales.

Si se observara plenamente este mandato constitucional, entonces estarían de más todas las plazas de asesores y consultores que, actualmente, pululan en los diferentes órganos y entidades estatales, generadoras de tanto despilfarro, corrupción y, consecuentemente, de resquemor y rechazo de parte de la ciudadanía consciente. En todo caso, bajo un supuesto tal habría supervisión y control del trabajo de los asesores y consultores, especialización, ahorro y racionalización en la contratación de los asesores y consultores, y una profundización del proceso de desconcentración de la asesoría y consultoría públicas.

Conforme nuestra Constitución, corresponde al Presidente de la República designar al Procurador General de la Nación, quien es el Jefe de la PGN y Representante Legal del Estado. La actual procuradora general de la Nación es la abogada María Eugenia Villagrán de León.

La PGN, bajo la conducción de la procuradora Villagrán de León, dictaminó, sin ambages ni miramientos, en contra del cuestionado negocio del Transurbano (que supuso la sobrevaloración en la adquisición de 450 unidades en Brasil) y ha anunciado que procederá a impugnar los respectivos acuerdos gubernativos emitidos por el expresidente Álvaro Colom y sus ministros, así como los consecuentes “aportes económicos de inversión” desembolsados a favor de la AEAU, constituida por empresas lucrativas. Asimismo, la PGN ha objetado el usufructo oneroso otorgado por el interventor (designado por el expresidente Otto Pérez) de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a favor de la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), con base en el cual esta maneja los contenedores que entran y salen del Puerto Quetzal, lo que ha causado molestia entre la burocracia del Banco Mundial, financista del proyecto, aunque esta fue advertida desde un inicio por Acción Ciudadana de las dudas jurídicas en torno a la referida contratación.

Por otro lado, la PGN ha cuestionado algunos pactos colectivos de condiciones de trabajo suscritos en el sector público, debido a que incorporan cláusulas inconstitucionales y gravosas para las finanzas públicas, a pesar de la abierta oposición del Ministro de Trabajo, Oswaldo Enríquez.

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