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Opiniones de hoy

Protección al consumidor

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La competencia castiga al engañador y al abusador.

En el Congreso se están discutiendo nuevas restricciones de presuntas prácticas que perjudican los intereses económicos de consumidores y usuarios.

Sin embargo, contrario a lo que muchos tecnócratas y burócratas asumen, la mejor defensa del consumidor no está en las restricciones y prohibiciones legales, sino que en la competencia efectiva entre los proveedores de bienes y servicios. Cuando existe competencia, los consumidores están en capacidad de elegir y discriminar en términos de precio, calidad, variedad y servicio. Todo depende de la exigencia del cliente. El consumidor es quien manda en el mercado. La misma competencia evidencia y castiga al engañador y al abusador.

La competencia es propia de la economía de mercado, que se traduce en la asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que se origina del juego entre la oferta y la demanda, a través del sistema de precios. Conforme la Constitución, el Estado debe proteger la economía de mercado, que supone, además de la existencia de un marco jurídico institucional sólido, incluyente y eficaz, que garantice, mediante leyes generales y coercibles, la seguridad de las personas (vida humana e integridad personal), la seguridad de los bienes (propiedad) y la seguridad de los contratos (cumplimiento de los compromisos), así como la plena vigencia y reconocimiento del libre mercado, de la libre competencia, de la libertad de contratación y de la libertad de comercio.

El libre mercado (libertad económica) conlleva la libertad de decisión de oferentes y consumidores, así como el respeto a las reglas de la oferta y la demanda; la libre competencia o libre empresa demanda la existencia de empresas que compitan entre sí por fabricar y/o vender el mismo producto en condiciones similares de mercado; la libertad de contratación se sustenta en la autonomía de la voluntad y asume que las personas pueden adquirir derechos y contraer obligaciones sin restricción alguna, lo que en la vida económica se entiendo como la libre negociación de bienes y servicios lícitos; y, finalmente, la libertad de comercio supone la ausencia de limitaciones o barreras que impidan el acceso de los agentes económicos a la actividad mercantil.

De suerte que el libre mercado, la libre competencia, la libertad de contratación y la libertad de comercio, además de que gozan de reconocimiento jurídico, deben observarse plenamente. Al efecto, el Estado debe garantizarlas, preservarlas y remover los obstáculos que las limiten o imposibiliten, tales como los monopolios y los privilegios, prohibidos en la Constitución. El monopolio se presenta cuando existe ausencia de competencia como consecuencia de que un productor, oferente o proveedor domina o controla (a través de mecanismos que impiden o limitan la concurrencia) la producción, oferta o suministro de un determinado producto o servicio; en tanto que el privilegio es una suerte de prerrogativa, favor o ventaja otorgada (exenciones y excepciones fiscales, concesiones, barreras arancelarias o no arancelarias, etcétera) o permitida (privilegio de impunidad o de ilicitud) por el Estado y que garantiza a un productor, oferente o proveedor producir o vender (bienes o servicios) en condiciones más favorables que las que sus competidores pueden ofrecer.

La Constitución también establece que es obligación del Estado impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad, así como limitar el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos de la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, e impedir las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores.

En todo caso, la experiencia dicta que el exceso de regulación en cuestión de defensa del consumidor tiende a restringir la competencia, por supuesto en detrimento del mismo consumidor. Los requisitos y los imperativos legales son tan numerosos, complejos y costosos que solamente uno o unos pocos pueden cumplirlos. En dos platos, las normas se convierten en barreras de entrada para oferentes más eficientes y competitivos. Lo anterior sin perjuicio de la discrecionalidad en su aplicación, que, generalmente, degenera en corrupción.

En conclusión, la protección de la economía de mercado, que se traduce en la protección al libre mercado, a la libre competencia, a la libertad de contratación y a la libertad de comercio, es la mejor fórmula para beneficiar y defender al consumidor, en términos de calidad, servicio, variedad y precio de los bienes y servicios.

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