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Opiniones de hoy

Aporte del Estado al igss

opinion

De conformidad con la Constitución, el Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen de seguridad social, a excepción de las universidades, tienen la obligación de contribuir a financiar dicho régimen.

Asimismo, la Constitución establece que el Gobierno asignará anualmente dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos y actuariales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

A pesar de ambos mandatos constitucionales, el Organismo Ejecutivo se ha venido resistiendo sistemáticamente a incluir la partida específica relacionada dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que cubra, con suficiencia, las cuotas estatal y patronal del Estado. Por consiguiente, el Estado de Guatemala adeuda al IGSS cerca de Q30 millardos, lo que ha sido la principal causa de que dicha Institución no tenga viabilidad financiera y de que el régimen de seguridad social en Guatemala sea incompleto y disfuncional.

En nuestra opinión, al no incluirse la referida partida específica en el presupuesto estatal provoca que este sea incompatible con la Constitución y que sea susceptible de ser impugnado de nulidad de pleno derecho ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por cualquier ciudadano.

En todo caso, ha trascendido que el Gerente del IGSS, a raíz de que el Ministerio de Finanzas Públicas no incluyó la mencionada partida presupuestaria en el proyecto de presupuesto estatal para el año 2016 enviado al Congreso, presentó ante la CC una acción de amparo contra este organismo del Estado, a fin de que se incluya en el referido instrumento financiero la suma de cuatro mil seiscientos veinticinco millones cuatrocientos treinta y tres mil novecientos dieciséis quetzales (Q 4,625,433,916.00), en concepto de las cuotas estatal y patronal que, por mandato constitucional, le corresponde pagar al Estado al IGSS. Sin duda, una pretensión totalmente justificada.

Sí hay dinero para gasto clientelar (Listado Geográfico de Obras, consejos de desarrollo, programas político–asistenciales) y para gasto superfluo (viáticos, viajes, recepciones, blindados, guardaespaldas, gastos de representación, publicidad), pero no hay para el estratégico régimen de seguridad social, que, además de ser una gran conquista de la Revolución del 44, es el brazo más elocuente y eficaz de la justicia social en Guatemala. Demandar el fortalecimiento del régimen de seguridad social es ejercer un verdadero patriotismo constitucional.

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