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Opiniones de hoy

Prevención: la gran ausente


Vivimos en un fascinante país que con sus variables obliga a considerar los riesgos y beneficios.

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Guatemala padece de manera continuada de la irresponsabilidad que se ha acentuado en la última década con el predominio del clientelismo politiquero que ha utilizado como práctica común la inauguración de obras y la entrega de insumos básicos para ganar simpatías temporales y el control que garantice la elección de alcaldes, diputados y autoridades electas mediante el voto popular.

La fascinación por inaugurar obras de infraestructura, escuelas, centros de salud, carreteras, puentes, etcétera, todo aquello que publicita los logros del funcionario encargado es evidente, pero no interesa el mantenimiento de la obra que con el paso del tiempo provoca la inhabilitación por la desidia de proveer para las obras en óptima condición. En Guatemala se acelera el desgaste por la omisión total en el destino de recursos para el mantenimiento de las obras y no se previene la destrucción de lo que ha sido construido y financiado con dinero de la población.

Ciertamente, tampoco se previene el deterioro de los valores morales en una juventud que no recibe la atención esencial que requiere la niñez, porque persiste la paternidad irresponsable así como la falta de conciencia sobre una planificación familiar que permita limitar el número de hijos a las posibilidades reales, tanto económicas como de atención a esa descendencia que prolifera. Todo niño requiere de un amplio esfuerzo de sus progenitores, en la provisión de sustento pero también de ejemplo, cariño y educación.

La ciudad de Guatemala está ubicada en un valle rodeado de montañas. Varias fallas tectónicas atraviesan su territorio y la tala de árboles que debiera reducirse al mínimo indispensable, se observa diariamente, tanto por personal privado como por empleados del Estado que desprecian el valor del maravilloso entorno verde que todavía podemos ver y gozar. Al ciudadano común no le importa multiplicar la basura y contribuir a la contaminación con el desperdicio de bolsas y envases de plástico; tampoco hay ahorro en el consumo de agua, recurso tan limitado en la ciudad; en otras palabras, no se previenen las consecuencias destructivas que provoca la irresponsabilidad.

La tragedia de El Cambray II, ha golpeado a toda la ciudadanía conmovida por la pérdida de vidas y los riesgos de numerosos asentamientos ubicados en laderas de alta vulnerabilidad, como ya tanto se ha comentado. Este lamentable evento, tiene estrecha relación con la obligada prevención que debe prevalecer en la práctica diaria, tanto en lo privado como en la actividad pública. Vivimos en un fascinante país que con sus variables obliga a considerar los riesgos y beneficios, precisamente para prevenir en lo posible los efectos destructivos que pueden acentuarse ante la falta de prevención.

De manera muy ilustrativa, el artículo publicado por Hugo Maúl el día de ayer, señala una fórmula de prevención cuya lógica cae por su peso. Alude al tremendo incentivo del momento presente para fijar residencia en la capital ante las posibilidades mucho más altas de acceder a un trabajo formal, que lo que puede esperarse en el interior del país y ante la limitada oferta de empleo.

En ese sentido afirma el autor: “Esta lógica básica se podría usar para desarrollar otros centros urbanos en donde existiera una alta concentración de empresas y posibilidades de empleo, además, claro está, de ciertos servicios básicos que faciliten la operación de las empresas y la provisión de vivienda, transporte colectivo y otros bienes públicos locales”.

Y sí, aunque ciertamente una forma de evitar semejantes hechos es regulando y prohibiendo la construcción en áreas calificadas de alto riesgo, la solución real y sostenible para prevenir tragedias como la de El Cambray II está en concretar incentivos para el desarrollo de nuevas ciudades, especialmente en aquellas áreas de fácil acceso al mar, como podría ser Masagua y otras áreas aledañas que harían atractiva la instalación de fábricas y otras inversiones en el interior del país.

El punto es que sí urge una institucionalidad que se ocupe de prevenir la muerte y los daños y no que se limite a reaccionar ante una tragedia que tan alto costo tiene para Guatemala y su población.

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