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Opinión

Exigencias mínimas e inmediatas al “Pacto de Corruptos”


Eliminar del Presupuesto las asignaciones a los Consejos de Desarrollo, que alcanzan los Q3.5 millardos, que tienen como destino los bolsillos de diputados, alcaldes, gobernadores y narcocontratistas, que únicamente utilizan las obras que les adjudica el propio Estado de Guatemala para lavar su dinero proveniente del narcotráfico. Vale la pena señalar, que estos Q3.5 millardos incluyen un bolsón de Q600 millones en obras, para pagar los votos de los diputados comprometidos con la elección de la planilla oficial para la Junta Directiva del Congreso del Pacto de Corruptos y la aprobación del Presupuesto de Gastos para 2022. Por cierto, Carlos López, diputado de la UNE por Quiché, suele comprar por anticipado, por un 10% (Q60 millones) en efectivo, el bolsón de los Q600 millones en obras, que a lo largo de 2022 serán adjudicadas a los congresistas, que con sus votos garantizaron la elección de la Junta Directiva del Pacto de Corruptos, encabezado, fundamentalmente, por Giammattei, Zury y Sandra.

Comprometerse a confeccionar un programa riguroso para eliminar el 24 por ciento de plazas fantasma que existen en las instituciones del Estado, que representan una cifra escandalosa que supera Q1 millardo.

Declarar lesivos a los intereses del Estado de Guatemala los pactos colectivos con los sindicatos, fundamentalmente, los de los ministerios de Educación y Salud y del Congreso de la República, que carecen de justificación y sustento financiero, ético y moral.

Eliminar el Ministerio de Desarrollo, que solo es un instrumento efectivo para robar Q1.3 millardos al Estado de Guatemala.

Eliminar los Q8.5 millones antes asignados al Centro de Gobierno que fue cerrado, pero que, sin embargo, fueron distribuidos en diferentes instituciones del Estado, debido exclusivamente al amiguismo, pues no solo es superfluo e innecesario, sino porque el desaparecido Centro de Gobierno sigue operando como un Cuerpo Ilegal y Clandestino, que usurpa y duplica las funciones de la Vicepresidencia y del Gabinete de Ministros, sin ninguna responsabilidad, ni rendición de cuentas.

Reducir el presupuesto del Congreso, que supera escandalosamente los mil millones de quetzales (Q1 millardo), en un 60 por ciento.

Eliminar del Presupuesto los Q13 millones destinados para el Parlacen, institución de la que Guatemala debe desligarse de inmediato.

Se deben suprimir a todos los “asesores” del Estado y sus instituciones (renglón 029), que significan la suma inadmisible de Q1.6 millardos, y son absolutamente superfluos, accesorios, ofensivos y totalmente prescindibles; dejar de pagar indemnizaciones ilegales a funcionarios cuyos periodos fijos simplemente fenecen y jamás han sido ni serán despedidos; eliminar del Presupuesto los Q1.7 millardos asignados al Listado Geográfico de Obras, que terminan en los bolsillos de oenegés y empresas de los diputados.

Que a todos los dignatarios, funcionarios y empleados del Estado, que ganan arriba de Q15 mil, comenzando por el propio presidente Giammattei y sus ministros, las altas cortes en pleno, el presidente, la Junta Directiva y los presidentes de comisiones del Congreso, los miembros de la Comisión de Energía Eléctrica, se reduzcan sin contemplaciones sus sueldos, salarios, dietas y bonos en 30 por ciento.

Que se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el propósito de restablecer con urgencia la independencia y autonomía del Tribunal Supremo Electoral, y, por lo tanto, garantizar la justicia, la transparencia, credibilidad y reputación de la autoridad electoral. De otra manera, la única expectativa posible de los guatemaltecos en la siguiente contienda será un fraude electoral de grandes dimensiones.

Proceder de inmediato a la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, excluyendo a los aspirantes que fueron señalados por las investigaciones del Ministerio Público, específicamente por la FECI, conocidas como el caso Comisiones Paralelas 2020.

Que el Pacto de Corruptos, encabezado por el Presidente de la República, deje de conspirar en contra del Estado y sus instituciones, que ha penetrado, controlado y pervertido, en beneficio del narco y la cleptocracia, en perjuicio de la población de Guatemala. 

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