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Ante el incesante acoso judicial

DENUNCIA

 

Relator de Libertad de Prensa (OEA)

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Comité de Protección de los Periodistas (CPJ)

Procuraduría de los Derechos Humanos

 

ANTECEDENTES:

El oficialismo en Guatemala ha logrado el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Ministerio Público (MP), lo que significa que ha eliminado totalmente la independencia que debe tener el sistema de justicia, tal como lo establece la Constitución de Guatemala.

Internacionalmente se reconoce que la única manera de garantizar el Estado de Derecho es precisamente que exista una clara independencia entre el Organismo Judicial y los poderes políticos del Estado, representados por el Congreso y el Organismo Ejecutivo.  Este necesario equilibrio se ha perdido totalmente en Guatemala, lo que hace peligrar los derechos fundamentales y hace disfuncional la democracia.

En materia de libertad de expresión y de prensa se observan graves amenazas que hacen peligrar el libre tráfico de información, el intercambio de opiniones y, lo más peligroso, pretenden silenciar a la prensa en su tarea de denunciar actos de corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos fundamentales de los guatemaltecos.

Este diario ha sido víctima directa del acoso judicial dirigido desde las más altas esferas del poder político, utilizando a testaferros, jueces y magistrados en su afán por silenciarnos e impedir que continuemos con la labor de fiscalización y denuncia.  En Guatemala, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución y una ley específica en la materia, pero en ambos casos los juzgadores suelen atropellar nuestros derechos, procediendo a tramitar las denuncias espurias en nuestra contra por la vía penal, en vez de hacerlo –como corresponde– por medio de los tribunales de imprenta, contemplados para el efecto por la legislación vigente.

El extremo ha sido buscar la vía de la Ley de Femicidiopara perseguir delitos inexistentes cuando se hace mención de alguna mujer en su función pública, como es el caso de la excandidata presidencial SandraTorres, ahora parte de las mafias que influyen en la justicia.

La propia Constitución, en su artículo 35, establece que el derecho constitucional de libertad de expresión y de prensa, no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.  Además, destaca que no puede existir ningún tipo de censura previa.

Suman decenas los procesos abiertos en nuestra contra, pero cada vez son menos los jueces que están dispuestos a velar por su independencia y actuar en apego a las leyes y la Constitución.  El peligro pues, es cada vez mayor.  El autoritarismo que se observa en países como Nicaragua y Venezuela, para solo citar dos de los casos más emblemáticos, se observa cada vez con mayor similitud en nuestro país. Todos sabemos lo que ha pasado con la prensa independiente en esos países.

Ante esta situación, solicitamos la intervención de cada una de sus instituciones, con el fin de que puedan comprobar lo que afirmamos y los peligros que acechan a la prensa independiente de Guatemala, con el fin de denunciar nacional e internacionalmente lo que viene sucediendo y la forma en que estas acciones del oficialismo pueden perjudicar a los guatemaltecos en su conjunto, al ver reducidos los espacios para informarse libremente del acontecer político, económico y social.

La Constitución y las leyes deben respetarse. El acoso judicial debe cesar de inmediato.

Los ciudadanos de un país libre tienen el derecho de tener a su alcance medios de prensa igualmente independiente.  Solamente con libre flujo informativo, intercambio de opiniones y conociendo la realidad, se puede construir una democracia auténtica.

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