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Opinión

El caso Odebrecht, bajo la lupa


Fundaterror (cuyos directivos han sido incluidos en la Lista Engel) y el vocero oficioso del Ministerio Público han afirmado que existieron ilegalidades en el convenio suscrito por la FECI, específicamente por Juan Francisco Sandoval, con la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, los responsables de estos cuestionamientos soslayan y dejan fuera los elementos siguientes:

El dinero de la carretera no se lo robaron. Los trabajos no llegaron ni a la mitad, porque el Ministerio de Comunicaciones solicitó más de 60 modificaciones al proyecto original, lo que implicaba que el costo del proyecto aumentara en US$270 millones. La Procuraduría General de la Nación nunca ejecutó la fianza de cumplimiento, precisamente porque no existe liquidación.

No se lo pudo robar nadie, pues el dinero siempre estuvo en el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), organismos financieros internacionales, que desembolsaban tras los informes de ejecución aprobados por el Ministerio de Comunicaciones. No existe ningún solo informe ni auditoría de la Contraloría General de Cuentas que indique que el proyecto no fue realizado.

Respecto a la ausencia de Juan Francisco Sandoval en una reunión de fiscales en Brasil, es necesario señalar que se llevaron a cabo varias reuniones de esta naturaleza, de las que el exfiscal Sandoval asistió a algunas de ellas. Además, asistió directamente a Washington D. C. a obtener información de las contrapartes estadounidenses y del FBI.

El acuerdo no fue oscuro. En 2017 el procedimiento se desarrolló con el aval del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Nery Medina. Este fue aprobado en audiencia ante la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez. En dicha audiencia, la juzgadora ordenó que, por medio del sistema de videoconferencias, se enlazara a Juan Francisco Sandoval, que viajó a Brasil para obtener las declaraciones de los colaboradores de Odebrecht, pues ellos no podían viajar a Guatemala, en virtud de estar ligados a proceso penal en Brasil (non bis in idem). En dicha audiencia estuvieron todas las partes procesales que se encontraban en el proceso hasta ese momento, incluso estuvo presente por orden judicial el Cónsul de Guatemala en Brasil, para verificar la identidad de las partes y, en Guatemala, estuvo presente la Defensa Pública Penal, para garantizar los derechos de las partes que pudieran resultar involucradas luego de los testimonios de los colaboradores. La Procuraduría General de la Nación intentó impugnar el acuerdo sin éxito, pues existe hasta resolución de la Corte de Constitucionalidad que declara sin lugar su impugnación.

El gobierno de Jimmy Morales llegó a una liquidación del contrato, en la que determinó que el Estado de Guatemala le debía a Odebrecht y gracias al acuerdo de colaboración Odebrecht debía de renunciar a exigir el cobro de ese monto. https://elperiodico.com.gt/nacionales/2017/12/22/el-feliz-acuerdo-del-civ-autoriza-pagos-a-odebrecht/. Cuando el gobierno de Jimmy Morales y el Procurador General de la Nación se dieron cuenta que esto le daba la razón al acuerdo firmado por el Ministerio Público, decidieron no continuar con la liquidación.

Es mentira que Guatemala es el único país que no ha sido resarcido. Odebrecht llegó a acuerdos incluso de 25 años en Estados Unidos para cumplir la obligación. En el caso de Guatemala, la falta de pago obedece a que Odebrecht aduce que Guatemala le debe y el Ministerio de Comunicaciones ha sido incapaz de determinar lo contrario. No existe denuncia del Ministerio de Comunicaciones por incumplimiento del contrato, no se han iniciado acciones en contra de Odebrecht por el supuesto “robo”, la Contraloría General de Cuentas en sus auditorías no determinó que no existiera avance de la obra. Inclusive, la Contraloría General de Cuentas en conjunto con el Ministerio Público contrataron al laboratorio de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, para que se hicieran pruebas científicas en los tramos construidos, determinando que cumplía con las especificaciones determinadas y contratadas por el Ministerio de Comunicaciones.

El proceso penal cuenta con condenas, colaboradores eficaces, investigaciones penales en desarrollo y procesos en marcha y tratan exclusivamente del pago de sobornos realizados a dos expresidentes de la República, una Vicepresidenta, una ex Primera Dama, varios ministros de Estado de varios gobiernos y alrededor de 108 diputados y exdiputados, de parte de Odebrecht. Producto de este proceso el Estado de Guatemala ha extinguido innumerables fincas, edificios, residencias y diferentes bienes inmobiliarios, hoteles y vehículos, asimismo, los fondos producto de sobornos de alrededor de US$10 millones, que se localizaron, están congelados en un Banco en la isla de Antigua, en el Caribe. Sobre estos fondos existen una serie de embargos de diversos países.

El origen de la desinformación, originada en el Ministerio Público, es debido a que la FECI estaba lista para probar los sobornos para la cleptocracia y los aliados del Pacto de Corruptos, fundamentalmente diputados y exdiputados. Por esta razón, pretenden generar confusión y criminalizar a quienes tienen la información y saben cómo fueron sobornados los mandatarios, altos funcionarios y diputados claves para la aprobación del proyecto de carretera entre las fronteras de México y El Salvador, así como la deuda que fue contratada para financiar el tramo carretero. La investigación a cargo de la FECI, con Juan Francisco Sandoval a la cabeza, estaba finalizada y, por esta razón, buscaron justificaciones ilícitas para quitarlo del camino y remover del caso a la fiscal que llevaba el caso.

Hay dos tipos de acciones: penales, que corresponden al Ministerio Público; b) civiles y administrativas, que corresponden a quienes negociaron el contrato.

En el caso de la acción penal que corresponde al Ministerio Público, se suscribieron diversos acuerdos de colaboración, los cuales fueron aprobados por la juzgadora, como ocurrió en la audiencia celebrada en Guatemala.

En el caso de las acciones civiles y administrativas, en el gobierno de Jimmy Morales debieron declarar lesivo el contrato y hacer las reclamaciones que antes fueron apuntadas.

En síntesis, Odebrecht invirtió en comisiones, mordidas y coimas a gran escala, de sus recursos propios, para persuadir y conseguir el apoyo efectivo de todas las instancias del Ejecutivo, indispensables para que el proyecto de carretera fuera aprobado –Segeplan, Banguat, Ministerio de Medio Ambiente, entre otros– y de una mayoría calificada de diputados en el Congreso, a un costo de Q250 mil por el voto favorable de cada diputado en el Congreso, así como la contratación de deuda externa con el Banco de Desarrollo de Brasil y con el Banco Centroamericano de Integración Económica, institución en la que por cierto la mordida fue de un millón de dólares.

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