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Opiniones de hoy

Washington enfrenta las consecuencias de su política hacia Guatemala

opinion

EE. UU. sabe que si desea detener la crisis que ha germinado en su frontera sur debe ir tras sus anteriores aliados.

 

Esta semana Estados Unidos, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, agregó a Consuelo Porras, fiscal general, y Ángel Pineda, secretario del Ministerio Público, como parte de los principales actores corruptos que tienen sumido a Guatemala en el desorden social, en el incremento de los niveles de impunidad a través de la obstrucción de la justicia, lo cual reproduce un clima inestable en el país que, de manera directa e indirecta, impulsa a miles de personas a que dejen sus lugares de origen y busquen llegar por cualquier medio posible al norte. 

Los efectos de la impunidad promovida y atizada por la cabeza del propio Ministerio Público —a través de acciones corruptas que demandan para operar las viejas y nuevas élites que han tomado por la fuerza o usando la “legalidad” las instituciones nacionales— los está enfrentado los EE. UU. en su frontera sur, la cual, como nunca antes, se ha visto rebalsada con más de 30 mil guatemaltecos de diferentes edades y condiciones que claman por una oportunidad para ingresar e iniciar una nueva vida. 

Frente a esta realidad, por un lado, puede verse positivamente la posición de Washington respecto al papel que está desempeñando Consuelo Porras. Esto implica que está reconociendo lo que diversos sectores de la sociedad civil han venido denunciando a través de múltiples canales, incluyendo las protestas que iniciaron en noviembre de 2020, en donde la población ha externado su hartazgo y cansancio al observar cómo Porras se ha dedicado a prostituir la justicia en defensa de intereses particulares. 

Por el otro lado, Washington finalmente está enfrentando las consecuencias de su política exterior y de sus decisiones, dada la larga relación que ha mantenido con las élites guatemaltecas conservadoras, que van desde militares, actores económicos, políticos, eclesiásticos, entre otros. Por mencionar un ejemplo, la política anticomunista que se impulsó en Guatemala fue financiada con los impuestos de los estadounidenses. Esto incluye el genocidio cometido contra los pueblos mayas. Los políticos estadounidenses asumieron que al apoyar a las élites opresoras garantizarían su hegemonía política y territorial; sin embargo, nuevamente se equivocaron. Las pequeñas y rapaces élites nacionales nunca operaron para garantizar el poder del imperio, sino para asegurarse su propia continuidad. Por eso, hoy son quienes pública o solapadamente respaldan las acciones del MP, del Congreso y Ejecutivo. 

Hoy EE. UU. sabe que si desea detener la crisis que ha germinado en su frontera sur debe ir tras sus anteriores aliados y no tras coyotes de pueblo. No sabemos si lo hará o si solo sacrificará a algunos operadores, mientras la sociedad civil guatemalteca empieza a reconocer que, a pesar de sus esfuerzos, frente al poder de las élites nacionales, en estos momentos, solo EE. UU. tiene las herramientas para detenerlos. 

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