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Opiniones de hoy

Eficacia del Estado de Emergencia

opinion

«Una magnífica excusa para la corrupción».

El Estado de Emergencia (o de Excepción) es un mecanismo constitucional de carácter extraordinario que el gobierno puede adoptar para enfrentar adecuadamente alteraciones graves de la normalidad. Según la alteración que se enfrente, el gobierno puede decretar cinco estados de emergencia: De Prevención, Alarma, Sitio, Guerra y Calamidad Pública. La finalidad principal de los cuatro primeros es restablecer la paz, el orden, la seguridad o el control del Estado, en tanto que la finalidad del Estado de Calamidad Pública es enfrentar catástrofes, calamidades, desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud), así como crisis sanitarias (epidemias, situaciones de contaminación graves).

En caso de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o Calamidad Pública podrá cesar la plena vigencia de los siguientes derechos fundamentales: de acción, seguridad personal, interrogatorio a detenidos o presos, locomoción, reunión y manifestación, emisión del pensamiento, portación de armas y huelga de los trabajadores estatales.

De acuerdo con la Constitución, el gobierno, en el decreto respectivo, debe declarar el Estado de Emergencia y convocar al Congreso para que este, dentro del plazo de tres días, lo conozca, ratifique, modifique o impruebe. Si el Congreso estuviere reunido, deberá conocerlo inmediatamente (sin que medie tiempo). Los efectos del decreto no excederán de 30 días por cada vez, desde su publicación en el diario oficial.

Es decir, para la vigencia del decreto de Estado de Emergencia deben concurrir dos actuaciones de autoridad condicionantes: (i) La declaración presidencial adoptada en Consejo de Ministros; y (ii) La ratificación o aprobación del decreto por el Congreso, en un solo acto y con el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados.

Bajo el régimen de Álvaro Colom (2008-2012) se decretó el Estado de Calamidad, a raíz de la tormenta ‘Agatha’, que fue prorrogado nueve veces; y, al efecto, se asumió que “conocer” se asimilaba a “tramitar” y que, por ende, después de que el Legislativo recibiera el decreto o su prórroga, el plazo de tres días se prorrogaba automáticamente hasta el límite máximo de 30 días, en tanto el Congreso no ratificara, aprobara o improbara el decreto después de agotado el proceso legislativo ordinario, que supone la discusión del decreto en tres lecturas, lo que podría omitirse si el decreto se aprueba, por urgencia nacional, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de los congresistas. Por cierto, cabe recordar que, ante el abuso del Estado de Emergencia para fines inconfesados, el doctor Rafael Espada, a la sazón vicepresidente, expresó que el Estado de Calamidad Pública podía ser «una magnífica excusa para la corrupción».

En Derecho, el verbo “conocer” significa “actuar en un asunto con facultad legítima para ello”. A esta actuación le es inherente la potestad de decidir o resolver, que para fines del citado decreto se traduce en ratificarlo, aprobarlo o improbarlo.

De suerte que si la declaración presidencial, expresada en el referido decreto, no se ratifica, aprueba o imprueba por el Congreso dentro de tercero día de promulgado, no se completa el proceso legal respectivo; y, por tanto, el Estado de Emergencia quedaría inoperante, pendiente de resolver por omisión. En todo caso, si el Congreso no “conoce” del asunto dentro del mencionado plazo, sus diputados incurren en incumplimiento de deberes y puede deducirse en su contra las responsabilidades legales consiguientes.

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