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Opiniones de hoy

Un día después de la renuncia

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Se trata de disponer contenidos constitucionales que devuelvan el poder soberano a los ciudadanos.

El desencanto, molestia, enojo y hasta hartazgo que diferentes sectores expresan respecto del Gobierno de la República se traduce en exigencia de renuncia del Presidente. Ciertamente, el manejo de la pandemia y la escasa transparencia en la ejecución de los asuntos públicos justifican este fenómeno; sin embargo, deben tenerse en cuenta los acontecimientos que se desencadenarían a partir del momento de tal renuncia y del proceso que conforme a la Constitución de la República se iniciaría un día después.

En efecto, si hubiere renuncia, se estaría a lo dispuesto en el Artículo 165 de la Constitución Política: el Presidente presenta su renuncia al cargo ante el Congreso de la República, dando lugar a que ocurra un primer embrollo acordado o espontáneo, pues el inciso c) del Artículo 165 prescribe que el Congreso podría o no aceptarla. Imaginemos el menudo conflicto que surgiría si el Congreso, en uso de sus facultades constitucionales, rechazara la renuncia del Presidente. Si el Congreso la aceptara, según el inciso d), este le tomaría juramento al Vicepresidente, quien de inmediato enviaría una terna de candidatos para que el Congreso elija al nuevo Vicepresidente. Así, correría e iría de nuevo el proceso político guatemalteco, pues, en cumplimiento fiel de los preceptos constitucionales, las mismas fuerzas en el ejercicio del poder tomarían decisiones en procura de mantener sus posiciones, sin que necesariamente se atiendan los problemas e insatisfacciones que dieron motivo al descontento ciudadano. En síntesis, igual a lo que ocurre en las elecciones generales, en las que los candidatos ofrecen tanto como sea necesario, del diente al labio, para hacerse del voto de los electores, ya en el cargo se olvidan del asunto y todo cambia para que todo quede igual y, salvo cambios menores, sin pecar de pesimista, lo más seguro es que las condiciones económicas, políticas y sociales, lejos de mejorar, empeoren.

Tampoco se trata solo de exigir a los electos que recuerden y cumplan lo ofrecido en campaña; se trata, sí, de promover cambios de fondo en el marco jurídico institucional dispuesto en la Constitución Política que, en términos prácticos, nos tiene entrampados en la situación actual, que tiende a empeorar.

Cabe citar un reciente artículo de Christa Bollman (elPeriódico, 28/7/2021), cuando indica que hasta 1986 un golpe de Estado era la respuesta inmediata para realizar los ajustes institucionales y “de pronto llegó la democracia, pero el pueblo no supo defender su autoridad y la dejó en manos de los mismos. Esos les dieron el mandato a los peores, y así pocas cosas iban a cambiar”. 

Por tanto, no se trata solo de pedir y obtener la renuncia exigida, sino también, y mucho más importante, de promover la conciencia ciudadana para encaminar esfuerzos hacia la construcción de una verdadera República democrática y representativa que deje atrás, gradual y progresivamente, el mal remedo de democracia republicana que los guatemaltecos escenificamos desde la vigencia de nuestra constitución política; se trata de disponer contenidos constitucionales que devuelvan el poder soberano a los ciudadanos, si es que alguna vez lo han tenido, asegurando la representatividad y legitimidad de los electos, para así superar la ya agotada democracia de fachada que se ha conformado crecientemente en el sistema político-institucional del país desde 1986 hasta la fecha.  ¿Comenzamos?

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