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Opiniones de hoy

La diplomacia del “tweet”

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Atrás quedaron las épocas de Marshall, Acheson, Rusk, Kissinger, Christopher…

Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar. En menos de 24 horas, el secretario de Estado, Anthony Blinken; la subsecretaria para el Hemisferio Occidental, Julie Chung; la administradora general de USAID, Samantha Power, y el consejero de Seguridad Nacional, Juan Salvador González, publicaron mensajes de rechazo ante la destitución del fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval.

Desde la toma de posesión de la administración Biden, quedó evidenciado que una condición sine qua non de la política norteamericana hacia Guatemala era precisamente garantizar la independencia y autonomía de la FECI, bajo la conducción de Sandoval. Por cierto, el Fiscal fue galardonado hace unas semanas por el mismo Anthony Blinken como uno de los “campeones globales contra la corrupción”. 

La molestia en los círculos de Washington es evidente. Sin embargo, no es la primera vez que el Triángulo Norte de Centroamérica adopta una postura contraria a los intereses del coloso americano. 

Solo en los últimos meses, la mayoría de los personajes antes enlistados demandaron la agilización de la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. También pidieron garantizar una integración idónea e independiente del tribunal constitucional. O solicitaron que cesaran los vejámenes y acciones intimidatorias contra fiscales y jueces independientes. En todos los casos, salvo unos cuantos tweets y comunicados, la verdad es que no pasó nada. 

En El Salvador, luego de la decisión del partido oficial de destituir al Fiscal General y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la reacción norteamericana también fue virulenta. Sin embargo, el desdén de la administración Bukele hacia Washington fue incluso peor que el de los actores políticos guatemaltecos. Desde su actitud de renegar de la visita de Ricardo Zúñiga, pasando por el coqueteo con Beijing, Bukele ha estirado los límites de la tolerancia política de Washington, prácticamente sin ninguna consecuencia. 

Quizá las únicas acciones sustantivas han sido la designación de funcionarios en los listados Torres y Engel, con las subsecuentes consecuencias en materia migratoria y de escarnio público. En el caso de Guatemala, el mensaje era claro: los designados a la Lista Engel eran —en su mayoría— personajes vinculados con el irrespeto a la independencia judicial o interesados en capturar el sistema de justicia. En El Salvador, las designaciones llevaban un tono más de sanciones contra funcionarios de la administración Bukele.

Y aún así, hemos visto que en Guatemala el hostigamiento contra una justicia independiente subió de nivel con la destitución de Sandoval; mientras que en la hermana república salvadoreña, a Bukele y compañía el rechazo norteamericano no les ha inmutado en lo más mínimo.

Todo lo anterior evidencia una realidad: hoy por hoy, el poder real de Washington en el Triángulo Norte es marginal. La diplomacia del “tweet” es quizá la expresión de poder blando más disfuncional que hemos visto por parte de Estados Unidos desde la década de 1930. Atrás quedaron aquellas épocas de George Marshall, Dean Acheson, Dean Rusk, Henry Kissinger o Warren Christopher, donde desafiar la política acarreaba consecuencias reales, y no solo simbólicas. 

La destitución de Sandoval de la FECI representa el último clavo en el ataúd del proceso de lucha contra la corrupción 2015-2021. Es la garantía de que no habrá nuevos casos; que más actores de poder real a nivel local no serán alcanzados por la justicia. Incluso, es la luz al final del túnel para decenas de procesados por gran corrupción, que hoy celebran con cohetillos y mariachis la fiesta de la impunidad. 

Programas como la Alianza para la Prosperidad (2014-2017) o el Plan Biden para Centroamérica (2021) parten de la premisa de que si no se pone un alto a la erosión de recursos públicos por parte de la corrupción y no se construye una verdadera cultura de Estado de derecho en Centroamérica, poco podrá hacerse mediante inversión pública o atracción de empresas privadas a la región para mitigar la migración.

Guatemala es un país con enormes asimetrías de poder. Esas asimetrías de poder se balancean (como en 2015 o 2017) cuando el imperio ejerce poder real para imponer directrices de política exterior. Unos cuantos “tweets” de rechazo sin acciones sustantivas de fondo solo contribuyen a profundizar ese sentimiento de “rebeldía antinorteamericana” entre las élites locales y condenan a que ningún programa de mitigación de las causales estructurales de la migración puedan llegar a buen término. 

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