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Opiniones de hoy

La necesidad de proteger a los periodistas

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Mientras tanto, las agresiones continúan y empeoran.

La propuesta de creación de un programa de protección a los periodistas es vieja; por lo menos hace 10 años que diversas asociaciones y entidades de prensa, tanto de la capital como de diversos departamentos, se sentaron a discutir una propuesta, ante las múltiples agresiones e incluso asesinatos que se estaban dando. El objetivo era que el Estado asumiera la responsabilidad de proteger y garantizar la vida e integridad de los periodistas para que pudieran desarrollar su labor libremente, como les corresponde constitucionalmente, penalizando a cualquiera que impida el trabajo periodístico de recabar y llevar información a la ciudadanía, como debe ser en una sociedad democrática. 

En 2011 iniciaron las discusiones en el gremio, y en 2012, el gobierno de turno se comprometió frente al mundo, en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, a crear un programa de protección a los periodistas. Esto debería hacerse sobre la base de la reflexión y discusión entre periodistas. En ese momento se llegó a contar con una propuesta redactada por una consultoría. Pasaron los años, se sucedieron gobiernos; todos han prometido y no han cumplido absolutamente nada; la propuesta ha pasado de mano en mano, de una gaveta a otra, y ha quedado archivada. En la práctica, a nadie le interesa la protección de quienes critican sus funciones y destapan la corrupción.

Todos los gobernantes dicen defender y respetar la libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa, así como garantizar el derecho de acceso a la información pública, pero todos pasan sobre esos derechos. La intolerancia se pone de manifiesto cuando se hacen preguntas incómodas. Afortunadamente, ya no escuchamos las nefastas frases de Álvaro Arzú, cuando en julio de 2016, en el foro regional de Esquipulas, dijo: “Había un presidente mexicano que decía que a la prensa se le paga o se le pega; yo me quedo con lo segundo”, aunque no estamos exentos de actitudes que deslegitiman al gremio. Basta recordar la expresión del actual presidente Giammattei cuando roció su “espray contra periodistas”.

Mientras tanto, las agresiones continúan y empeoran; muchas de ellas provienen de funcionarios y sus círculos cercanos, quienes vedan el acceso a la información, inventan agresiones y manipulan la ley contra periodistas que les critican. El control de sus actividades es más común de lo que imaginamos y no es raro que les sigan los pasos para atentar en su contra y silenciar las voces que no han logrado callar a través de mecanismos como la criminalización de su labor, llevando a los tribunales a periodistas como Sonny Figueroa y Marvin del Cid por la publicación de diversas investigaciones.

No podemos esperar “peras del olmo”, pues los hechos demuestran la intolerancia y desprecio gubernamental contra los periodistas; sin embargo, es menester continuar exigiendo la aprobación de un programa de protección para el gremio, construido con amplia participación de todo tipo de personas que ejercen el periodismo, tal como lo reconocen los estándares internacionales de protección a periodistas (Naciones Unidas y la OEA).

Ojalá los vientos que se escuchan sobre que el gobierno está retomando el proceso de elaboración de este programa no sean lo mismo que los anteriores, “llamarada de tuzas”, y logre concretarse de una vez por todas. 

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