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Opiniones de hoy

De la urgente necesidad de derogar la Ley de Orden Público

opinion

Los estados de prevención deben ser ratificados por el Congreso.

La simple existencia de una ley de corte militar, implantada bajo una dictadura, a 36 años de vivir en la era democrática, debería convertirse en una pregunta existencial: ¿Se dejó abierta la puerta para el retorno de regímenes autoritarios?

El artículo 8 de la Ley de Orden Público refiere al artículo 151 de la Constitución como fundamento para que no exista la obligación de que el Congreso ratifique un estado de prevención, pero alguien se ha preguntado ¿a qué Constitución se refiere? Y la sorpresa es que ese artículo es parte de la Constitución de 1965; sí, lo leyeron bien, 1965, Constitución que ya fue derogada y solo para recordarles que hace 36 años nos rige la Constitución promulgada en 1985.

Es decir, todo el fundamento esgrimido para la aplicación de la Ley de Orden Público está basado en una Constitución YA DEROGADA, y sin embargo los güizaches asesores del gobierno continúan citándola como fundamento legal para hacernos vivir bajo una ley de corte marcial, donde constantemente se cita el término militarizar la sociedad.

La Corte de Constitucionalidad ya se pronunció una vez, mediante el dictamen 919-2016, donde textualmente cita: “Esta corte estima pertinente acotar que el texto del artículo 8 de la Ley de Orden Público vigente, regula que el estado de prevención no necesita aprobación del Congreso de la República. Ello obedece a que el artículo 151 de la Constitución de la República de Guatemala decretada el 15 de septiembre de 1965 regulaba que no era necesario que el Congreso hiciera tal aprobación. Sin embargo, el texto fundamental en vigor no contiene regulación similar. Razón por la cual el decreto que apruebe el estado de prevención por el presidente de la República, también está sujeto a ratificación, modificación o improbación por parte del Congreso de la República”.

Es decir, en definitiva, el estado de prevención SÍ tiene que ser ratificado por el Congreso.

Hoy, frente a la existencia de dos amparos, uno planteado por el PDH y el otro por una asociación civil, la Corte de Constitucionalidad se verá obligada a tomar una postura definitiva, y puesto que ya existe el precedente del dictamen 919-2016 y que la Constitución de 1965 está derogada, deberán introducir a la jurisprudencia que el estado de prevención SÍ debe ser ratificado por el Congreso.

Pero ya sabemos el juego político. Al momento de escribir estas líneas ni siquiera les han dado trámite a dichos amparos, y el actuar previsible será no hacerlo hasta que la vigencia del presente estado de prevención haya vencido, dejando dichos amparos sin materia, y así obviando tener que dictar una sentencia, que a todas luces es inconveniente a un gobierno que en su corto mandato de 18 meses lleva 16 estados de excepción ordenados, mostrando así su incapacidad de ejercer el poder sin el uso de la fuerza y el amedrentamiento de la población. 

Un gobierno democráticamente electo debe gobernar bajo la protección absoluta de los derechos que la Constitución otorga a sus ciudadanos. Punto. Todo lo demás constituye una fachada de dictadura.

Es urgente derogar la Ley de Orden Público que data de 1965 y emitir una nueva ajustada a los requerimientos que la Constitución Política de la República promulgada en 1985 impone, y debe hacerse con urgencia; de lo contrario, los dos años y medio que faltan de este gobierno, y el que se pinta lo sucederá, traerá en definitiva un retorno fatal a la década de 1980.

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