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Opiniones de hoy

La Constitución debe ser un marco normativo básico

opinion

El endurecimiento de actitudes es el origen de la ruptura.

En una reciente entrevista (concedida al diario chileno ‘La Segunda’), el expresidente de Uruguay, José Alberto Mujica Cordano (2010-15), conocido como ‘Pepe’ Mujica, se refirió a la Convención Constituyente (CC) de Chile, que el pasado domingo 4 inició el proceso de elaboración de una nueva Constitución, que deberá ser aprobada en un plazo de un año por los 155 convencionales constituyentes, que fueron electos en los comicios celebrados los días 15 y 16 de mayo de 2021, cuya mayoría es independiente y no tiene trayectoria política.

Mujica expresó su temor porque la Convención Constituyente se pueda convertir en “una bolsa de gatos, que quieran resolver todas las penurias del pueblo chileno con una Constitución”. Esta preocupación la comparten muchos analistas jurídico-políticos latinoamericanos de cara a la posibilidad de que dichos convencionales se decanten por una Constitución sumamente desarrollada, que no se traduzca en un marco normativo básico, contentivo de principios y valores humanistas, republicanos y democráticos, así como de fundamentales normas organizacionales del Estado, sino en la implementación de un modelo intervencionista estatista.

A juicio de Mujica, una Constitución “es un programa, de grandes líneas y objetivos”, y que el proceso constituyente chileno, que se inició en noviembre de 2019, a raíz de las masivas manifestaciones, “fue una cosa civilizada e inteligente dar esa salida para el encauzamiento de la crisis”; sin embargo, esto último no es un antídoto para contrarrestar el veneno del extremismo y la ruptura, que tiene su origen en el endurecimiento de actitudes.

Mujica, además, expresó que los convencionales deberán tener “un acuerdo mediatizado y se puedan mantener políticas sociales que atemperen las contradicciones”. Un acuerdo mediatizado supone la capacidad de influir razonablemente en los otros y de autolimitarse mutuamente, a fin de alcanzar los necesarios consensos que favorezcan el interés general y no intereses particulares o sectarios.

“Tiene sentido profundo que tengan una verdadera liberación de carácter social en el sentido de atender las urgencias más fuertes, pero manteniendo la estabilidad de la economía, y que los sectores más poderosos económicamente de Chile entiendan que tienen una responsabilidad para con su pueblo”, agregó Mujica. Esto último es fundamental, porque si bien es cierto que el desarrollo económico debe traducirse en progreso social, esto no significa que el Estado desestimule y restrinja la iniciativa individual, la inversión productiva y la innovación tecnológica, que son los factores dinámicos de la prosperidad y la paz.

Por cierto, se ha vuelto común que cuando detona una crisis o un conflicto en un país latinoamericano, inmediatamente los inconformes con el sistema jurídico-político culpan a la Constitución de todos los males políticos, sociales y económicos, así como le imputan el subdesarrollo, la corrupción, la impunidad o la desigualdad. 

Sin embargo, la Constitución es inocente per se; está libre de culpa o de pecado. En medio de la ira y la protesta no se repara muchas veces en que las causas eficientes de las crisis y de los conflictos se derivan de la misma inobservancia, tergiversación o inaplicación de los mandatos constitucionales, así como de fraudes constitucionales imputables a las autoridades o a los mismos jueces ordinarios o de lo constitucional.

Por otro lado, un proceso constituyente, como el que se ha iniciado en Chile, no debe apartarse ni omitir el conocimiento y la experiencia constitucional acumulada, que, en gran medida, se encuentra plasmada en la jurisprudencia. Tampoco los convencionales chilenos deberían caer en la tentación de implementar complicadas reingenierías sociales o de relativizar la vigencia del principio de separación de poderes.

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