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Opiniones de hoy

Fraude electoral

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No deben repetirse los vicios electorales de 2019.

La Carta Democrática Interamericana establece que la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, así como el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, son elementos esenciales de la democracia representativa.

De suerte que es fundamental para la existencia de una democracia institucional la organización de procesos electorales a cargo de una autoridad electoral capaz, honorable, independiente, que sea neutral al juego político partidista, así como garante de objetividad, imparcialidad y veracidad durante la celebración de los comicios. Al efecto, dicha autoridad electoral debe velar por la plena vigencia de la libertad de elegir y ser electo, así como por la existencia del debate y la competencia entre opciones políticas en igualdad de condiciones.

En América Latina, a pesar de que se han hecho esfuerzos por la institucionalización de una autoridad electoral idónea, el nefasto fantasma del fraude electoral reaparece una y otra vez. La perpetuación en el ejercicio del poder público, la vigencia del expolio y la dominación política son incentivos perversos para el fraude. Son ejemplos elocuentes de recientes fraudes electorales los perpetrados en Venezuela en 2018 y 2020, en Bolivia en 2019 y en Nicaragua en 2011 y 2016.

También fueron seriamente cuestionados los procesos electorales realizados en Honduras en 2017 y en Guatemala en 2019, aunque, finalmente, la comunidad internacional, ante la inconformidad ciudadana creciente, prefirió aceptar los impugnados resultados electorales, lo que, prácticamente, viabilizó la superación de las respectivas crisis postelectorales. 

El fraude supone el engaño, que es hacer creer lo que en realidad es mentira o falso, mientras que el ardid es el medio que se emplea con habilidad y astucia para hacer valer una mentira o para burlar o impedir la aplicación de la ley. Por consiguiente, el fraude electoral es el engaño y el ardid con miras a irrespetar o socavar un proceso electoral justo, falsear la voluntad popular, violar el derecho a la igualdad política o defraudar la democracia republicana.

En Guatemala, la pérdida de confianza ciudadana en la autoridad electoral está íntimamente relacionada con la pérdida de apoyo ciudadano a la democracia. Si bien cuando asumió la primera magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrada por abogados intachables (1983-89), esta gozó de la mayor confianza de la ciudadanía, la sexta magistratura (2014-20) registró los más bajos niveles de credibilidad y reconocimiento desde 1983.

Por otro lado, la integración de la séptima magistratura del TSE (2020-26) no cumplió con las expectativas de renovación obligada, sobre todo después de la decepcionante ejecutoria de la sexta magistratura. Sin duda, las recientes revelaciones en torno a las irregularidades en la acreditación académica de dos de los magistrados del TSE y el insuficiente y controvertido proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Iniciativa 5886), presentado ante el Congreso por el TSE en febrero de este año, han erosionado todavía más la credibilidad de la autoridad electoral.

En todo caso, la democracia guatemalteca no soportaría que en 2023 se lleve a cabo un proceso electoral con similares o peores vicios de los que marcaron el proceso electoral realizado en 2019. De cualquier manera, estoy convencido de que los impredecibles desenlaces de las elecciones en Perú, Chile, Honduras y Nicaragua este año impondrán una significativa presión sobre el TSE, en función de garantizar elecciones limpias, transparentes y seguras.

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