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Opiniones de hoy

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

opinion

Somos o no somos un país cooperante contra estos delitos.

La última evaluación mutua de Guatemala, realizada hace cinco años por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además de valorar el trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), recomendó que antes de la siguiente evaluación, que tocaba en 2020, pospuesta por la pandemia del COVID-19, el país debería haber corregido las debilidades de la legislación nacional en materia de persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dado que las normas legales vigentes han quedado obsoletas. En caso contrario, Guatemala será sancionada al calificarla como jurisdicción no cooperante en la lucha nacional e internacional contra dichos delitos.

Desde agosto del año pasado, tanto la Superintendencia de Bancos como el Ministerio de Finanzas y el Organismo Ejecutivo cumplieron con presentar un nuevo y moderno marco jurídico, contenido en la iniciativa de ley 5820, aún pendiente de aprobación por el Congreso de la República.

El Fondo Monetario Internacional alentó a las autoridades “a impulsar la aprobación de las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros” y la “adopción de un marco de Ley Antilavado de Dinero y Antifinanciamiento del Terrorismo (ALD/AFT)”, con un enfoque basado en el riesgo, pero ambas iniciativas siguen pendientes en el Congreso. 

En la nueva legislación se deberá incluir actividades que solo en nuestro país no están supervisadas, como la creación de sociedades (a veces de cartón) por parte de los notarios, o los casinos y loterías deportivas o similares, que se prestan para la comisión de estos delitos. Conocer a los clientes y a los beneficiarios finales.

Además de la falta de atención a estos asuntos por parte del Congreso, que ponen en entredicho el verdadero compromiso del país, existe el riesgo latente de que intempestivamente pudiera surgir algún evento interno o externo y afectar seriamente los esfuerzos que hasta ahora se habían venido haciendo para consolidar la buena reputación del país y de su sistema bancario y financiero; o peor aún, que los legisladores emitan cualquier disposición que se interprete que alguna actividad, que ahora está sujeta al seguimiento del dinero que realiza la IVE, quedase fuera de su control.

La nueva pieza legislativa pendiente de aprobación en materia de ALD/AFT cumple con las normas y prácticas internacionales más efectivas y modernas, porque la supervisión que se ejercerá sobre las personas obligadas será bajo un enfoque basado en riesgos, el que determinará las medidas de gestión y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con la naturaleza y volumen de sus operaciones, como es en el resto del mundo, excepto en Guatemala.

Y ya no se cometerá la arbitrariedad de calificar como lavado de dinero cualquier actividad u operación, sino favoreciéndose una mejor y más oportuna prevención y represión de quienes realmente delinquen.

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