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Opiniones de hoy

El “buen juez”

opinion

Un juez no debe permitir que en su decisión intervengan factores políticos o ideológicos.

El Estatuto del Juez Iberoamericano se estableció en el 2011 y es un documento que responde a los cuestionamientos que diversos sectores y agentes sociales expresaron en distintos momentos respecto al actuar de un “buen juez”. 

Se elaboró con el objetivo de ofrecer un referente que identifique valores, principios, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar una función judicial independiente.

En los últimos años, el sistema de justicia en nuestro país y la figura del juez como tal ha tomado protagonismo y, de la misma forma, sus acciones se han vuelto notorias, algunas alejadas de los preceptos de imparcialidad e independencia que dicho estatuto establece como características esenciales.

Hace un par de años, ante la coyuntura que el sistema judicial enfrentaba y aún vive, tuve la oportunidad de entrevistar a respetados profesionales del derecho sobre la idoneidad de los jueces y las cualidades que deben tener los mismos al momento de ejercer la honorable judicatura. Entre ellos, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Quesada, quien participó en la elaboración del estatuto en mención.

De forma congruente, los entrevistados coincidieron en cuatro principios que deben regir la carrera judicial, oportunos hoy de recordar cuando persisten acciones de jueces que ponen en duda su función: primero, un juez no debe permitir que en su decisión intervengan factores políticos o ideológicos; segundo, debe alejarse de cualquier acción de índole política o propiciar que otros lo hagan; tercero, un juez debe alejar sus resoluciones de intereses o circunstancias propias, y cuarto, el juez debe abstenerse de opinar sobre asuntos que deba conocer. Estos principios también se abordan en el Decreto 41-99, Ley de la Carrera Judicial.

Ahora bien, cuando los preceptos mencionados tambalean y las acciones de los jueces parecieran responder a estímulos externos alejados de la judicatura, es cuando se deja de confiar en la responsabilidad casi sobrehumana que tiene un juez de impartir justicia con carácter absoluto y total imparcialidad.

De allí, se entra en el dilema de las consecuencias para un juez que acciona influenciado por presiones externas que pueden ser mediáticas, o bien y más peligroso, compromisos adquiridos: si un juez incurre en irregularidades o anomalías en su actuar, existen las juntas de disciplina judicial donde se presentan las quejas de jueces con un sistema de sanciones. El mismo Decreto 41-99 amplía las faltas y sanciones que pueden sufrir los jueces al momento de no actuar apegados a la ley.

Pero más allá de formalismos, al final del día quien más sufre es la población que enfrenta un sistema de justicia débil falto de confianza. El país completo se ve inmerso en una situación crítica que le impide convertirse en una nación próspera por falta de certeza del cumplimiento de la ley. Sin certeza jurídica no hay previsibilidad en la aplicación de las leyes, y así los agentes sociales y económicos no saben cómo comportarse y eso genera incertidumbre.

Por ello, cuando los jueces incurren en acciones alejadas del ejercicio de la función jurisdiccional, la cual les ordena apegarse a resolver los asuntos que conozcan con absoluta imparcialidad y estar sujetos únicamente a la Constitución Política de la República, la población debe ser sumamente enérgica en el reclamo de esa justicia independiente.

(*) Comunicación Estratégica de Cámara de Industria de Guatemala

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