De todos es conocido que Guatemala exhibe indicadores sociales inferiores a los que otros países, con niveles de ingresos per cápita similares, han logrado. Mucho se ha discutido acerca del papel que el gobierno, por medio de políticas sociales, puede lograr para mejorar los mismos; mucho menos, casi nada, de hecho, se discute acerca de la incapacidad gubernamental para transformar en resultados tangibles para la población las distintas intervenciones que se han intentado durante las últimas décadas. Recursos públicos no han faltado durante todo este tiempo, incluso el país ha recurrido a endeudamiento externo con dicho propósito; intervenciones exitosas, replicables, sostenibles, manejadas honestamente y sin fines políticos son las que siguen haciendo falta. Mejorar los indicadores de desarrollo humano sigue siendo una tarea pendiente; según lo que la historia reciente demuestra, son pocas las esperanzas que pueden depositarse en el papel que corresponde jugar a la política pública en este sentido. Sin entrar en mayores detalles, cae por su peso que el reto supera con creces lo que el Mides podría hacer al respecto. Seguir apostando a complejas y complicadas intervenciones públicas en esta materia, que superan por mucho las capacidades organizacionales de las dependencias responsables y la buena voluntad de quienes las dirigen, es, probablemente, la mejor receta para que todo siga como hasta ahora.

Ante este triste panorama, las remesas que envían los guatemaltecos que laboran en EE. UU. terminan siendo la única luz al final del túnel para muchas familias guatemaltecas. Las remesas, con todas los bemoles que puedan tener en términos de su focalización sobre los hogares más pobres del país, teminaron por convertirse en un poderoso y efectivo mecanismo para lograr lo que las políticas sociales no han logrado en todo este tiempo. A pesar del nivel que las remesas han alcanzado en el pasado reciente, el desafío en materia de condiciones sociales es tan grande que, por de pronto, la cantidad de remesas que se recibe resulta insuficiente para mejorar de manera significativa y sostenida tales indicadores. De esa cuenta, aunque resulte trillado repetirlo una vez más, promover la creación de empleos productivos es y seguirá siendo “la mejor política social”. Solamente mediante el aumento de la productividad de la mano de obra, sumada a una mayor demanda de trabajadores por parte de las empresas, es posible asegurar los crecientes niveles de ingresos que les permitan a los trabajadores y a sus familias acceder a mejores condiciones de vida. Lo que no se logra por medio de las políticas sociales podría lograrse por medio del empleo y si, en un futuro cercano mejora la efectividad de estas últimas, aprovechar ambas para lograr un impacto más amplio y profundo.