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Voto obligatorio

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“Cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio”.

El sufragio o voto universal y secreto es la piedra angular de la democracia representativa. Sin duda, sobre el voto legal y efectivo radica la libertad de elegir, la conformación de la voluntad mayoritaria del pueblo y la legitimidad del gobierno. “Cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio”, dice el patriota cubano José Martí.

La universalidad del sufragio implica que todos los ciudadanos, a excepción de aquellos a quienes se les hubieren restringido sus derechos políticos, están facultados para votar en elecciones o referendos sin discriminación ni condición alguna; un voto igual a cada ciudadano. Por otro lado, el voto secreto supone que el ciudadano sufraga de manera reservada, sin presiones y, sobre todo, sin temor a que se sepa cuál es su convicción, decisión o elección personal.

La Carta Democrática Interamericana establece: “Son elementos esenciales de la democracia representativa (…) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

A raíz de la baja participación ciudadana en Chile, en donde rige el sistema de voto voluntario o facultativo, con motivo del plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 (50.9 por ciento), cuya finalidad fue avalar o no el proceso constituyente, y en las elecciones de convencionales constituyentes, celebradas en mayo de 2021 (41.5 por ciento), se ha reabierto el debate sobre si el voto debe ser obligatorio o voluntario.

El sistema de voto voluntario rige en EE. UU., México, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Panamá, en tanto que el sistema de voto obligatorio está vigente en Honduras, Bolivia, Argentina y Uruguay. En Ecuador, Paraguay y Perú es obligatorio, aunque facultativo para los adultos mayores, y en Brasil es obligatorio, pero facultativo para adolescentes de 16 y 17 años, mayores de 70 años y analfabetos.

En Guatemala rigió el sistema de voto mixto (obligatorio y optativo) en el pasado. En la Constitución de 1945 se disponía: “El sufragio es obligatorio y secreto para los ciudadanos que sepan leer y escribir; optativo para las mujeres ciudadanas; optativo y público para los ciudadanos analfabetos”; en tanto que en las Constituciones de 1956 y 1965 se establecía que el sufragio era obligatorio para los electores que sabían leer y escribir, y optativo para los analfabetos.

La Constitución vigente (1985) solo establecía el voto universal y que lo relativo al ejercicio del sufragio se regularía en la Ley Electoral. La reforma constitucional de 1993-4 incorporó en la Carta Magna el sufragio secreto. En la Ley Electoral se establece que “el voto es un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía”, aunque no existen sanciones por abstenerse de votar (multas, servicio social obligatorio y demás); y, asimismo, se dispone que “los ciudadanos gozan de absoluta libertad para emitir su voto”. La participación ciudadana ha sido por encima del 60 por ciento en las elecciones generales, pero fue bastante baja en la segunda ronda presidencial de 2019 (alrededor del 40 por ciento) y en los referendos (entre 15 y 25 por ciento). 

En mi opinión, dado que nuestro sistema de gobierno es democrático y representativo, el ejercicio del sufragio es fundamental. Por tanto, siendo el voto simultáneamente un derecho ciudadano y un deber cívico la participación debería ser obligatoria para el grueso del electorado y optativa por excepción. Un supuesto derecho a la abstención, a guisa de protesta, no justifica el rechazo del voto obligatorio, porque el votante tiene derecho a anular su voto. Claro que el voto obligatorio exige un estricto control por parte de la autoridad, para la imposición de sanciones.

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