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Opiniones de hoy

Rendición de cuentas

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LA RENDICIÓN DE CUENTAS SUPONE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Al desempeño de un cargo o función pública le son inherentes la autoridad, es decir la potestad o facultad de decidir, ordenar o accionar, y la responsabilidad, o sea la obligación de asumir las consecuencias del ejercicio de la autoridad.  

 La responsabilidad conlleva la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, que se traduce en el deber de informar, explicar, justificar y publicar las actuaciones de los obligados. Supone el irrestricto acceso a la información, extremo que faculta a los gobernados a averiguar, corroborar o confirmar los datos o informes relativos al manejo de la cosa pública. 

Se dice que la información es poder; y, por ende, si el ciudadano cuenta con información objetiva, relevante y confiable, está empoderado para detectar e imponerse de ineficiencias, deficiencias, malas prácticas, irregularidades y anomalías en la gestión, así como demandar las enmiendas respectivas y, en su caso, la aplicación de castigos en contra de los responsables, por acción u omisión. Por tanto, la rendición de cuentas es un instrumento esencial dentro del sistema de transparencia y lucha contra la corrupción.

Ahora bien, la rendición de cuentas es una obligación independiente del control, ya que este está asociado con la vigilancia y la fiscalización, y no al deber de informar, justificar y demostrar, que son propios de aquella. Mediante el control se comprueba, examina y desentraña lo ejecutado, se determina la eficacia de la gestión (calidad, pertinencia y resultados) y se restaura la hacienda pública. Esta función está encomendada a la Contraloría de Cuentas. 

Durante La Colonia existía el denominado juicio de residencia, al cual se sometían todos los servidores públicos cuyo periodo de funciones terminaba o que eran cesados en el desempeño de un cargo. Al efecto, el obligado era investigado en torno a su actuación por un funcionario designado, quien, además, tenía facultades para recabar información de terceros, incluso de afectados o agraviados. El informe del pesquisidor debía ser aprobado o improbado por el Consejo de Indias. Si el resultado del juicio de residencia era desfavorable para el enjuiciado, este podía quedar inhabilitado para optar a nuevos cargos públicos, en tanto que si le era favorable podía promocionarlo.

Sin duda, la rendición de cuentas exige el registro detallado, confiable y fehaciente de todas las actuaciones del obligado (decisiones, ejecución presupuestaria, nombramientos, etcétera), que se asegure el acceso a dicha información y que el responsable esté en capacidad de interactuar y responder en audiencias públicas o por cualquier medio (epistolar, electrónico, etcétera) a preguntas o cuestionamientos sobre los asuntos relacionados con su gestión.

Por tanto, la rendición de cuentas no se limita a que el obligado elabore un informe sobre lo que estime relevante o interesante de su actuación, sino, por el contrario, demanda la sumisión a un escrutinio público de la gestión; implica que se ahonde en cuestiones oscuras, ambiguas, controvertidas o sensibles, así como que se explique con suficiencia cualquier acción u omisión. En todo caso, una rendición de cuentas insatisfactoria supone un incumplimiento de deberes.

Conforme la Constitución de Guatemala, los funcionarios y autoridades solo deben rendir cuentas ante el Congreso; y, asimismo, el Ejecutivo anualmente debe informar sobre los negocios públicos al Congreso. Sin embargo, la Carta Magna garantiza a los ciudadanos tanto el libre acceso a las fuentes de información, que es esencial para la prensa, como el libre acceso a la información pública. Este último derecho está regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública, que provee las herramientas a los ciudadanos para demandar la entrega de información y establece sanciones contra el funcionario que se resiste a darla o la deniegue.

 

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