Cualquier ataque a periodistas y medios, administradores de justicia o activistas defensores de derechos afecta la convivencia democrática, porque el propósito de tales agresores es callar y/o difamar voces o acciones de personas incómodas para quienes gobiernan de manera autoritaria y controlan grandes capitales de cualquier país: Guatemala es un claro ejemplo. De ahí la importancia de reivindicar la validez de criticar a quienes dirigen instituciones del Estado, seguir procesos contra funcionarios públicos o privados por delitos cometidos o exigir demandas sociales aunque afecten intereses empresariales. Todo esto forma parte de las prácticas democráticas; es decir, es una prerrogativa reconocida en ordenamientos legales.  

Los autores materiales e intelectuales de los ataques a Jody García, Francelia Solano, Marvin del Cid, Sonny Figueroa, Juan Francisco Sandoval, entre otros, pretenden imponer las jerarquías como sistema de relación, donde unos mandan y otros obedecen sin chistar; se impone el pensamiento único, descarta la posibilidad del diálogo y justifica que funcionarios con altos cargos pierdan el control, recurran al insulto o menosprecien a algún conglomerado o persona que consideren diferente. 

De tal manera que el presidente Giammattei, quien en estos días aseguró que sus críticos pertenecen a una dictadura de izquierda, se equivoca por completo, ya que así como él tiene adeptos que le siguen calladitos, también existen personas y agrupaciones opositoras, que con palabras o acciones están poniendo en evidencia su forma de gobernar que va acumulando errores y exabruptos. Esto explica que también se multiplique el público seguidor de medios y periodistas que cuestionan y producen materiales respaldados con investigaciones serias.   

Por la historia de Guatemala, que registra acciones represivas perpetradas por militares y civiles, cualquier funcionario público tiene la obligación de reconocer que si bien existe una masa afín a quienes dirigen las instituciones, así como también hay una ciudadanía con posturas diferentes, reprimirlas significa violentar el llamado Estado de derecho que dicen defender quienes avalan el sistema actual, pero además significa aplicar la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, que en los años ochenta del siglo pasado aniquiló a personas opositoras, basándose en aquella perversa caracterización que eran “enemigo interno”. Ese modelo desgraciadamente se sigue replicando en la actualidad en Chile y en Colombia, donde fuerzas de seguridad oficiales y clandestinas desconocen la convivencia con la oposición, ya que solo ven objetivos militares a combatir.

Cabe entonces señalar la importancia del proceso judicial que se ha iniciado en territorio guatemalteco contra presuntos culpables, hoy ancianos, del caso Diario Militar, porque es un claro ejemplo de cómo se reprimió con torturas, tratos crueles e inhumanos y –al menos– 140 asesinatos de personas mal llamadas “enemigos internos”. 

Toda persona tiene derecho a opinar y a emitir con libertad su pensamiento, de tal manera que es urgente difundir una exigencia ciudadana: desmantelamiento inmediato de los aparatos represivos que actúan a través de redes y procesos judiciales maliciosos.