Cualquier ataque a periodistas y medios, administradores de justicia o activistas defensores de derechos afecta la convivencia democrática, porque el propósito de tales agresores es callar y/o difamar voces o acciones de personas incómodas para quienes gobiernan de manera autoritaria y controlan grandes capitales de cualquier país: Guatemala es un claro ejemplo. De ahí la importancia de reivindicar la validez de criticar a quienes dirigen instituciones del Estado, seguir procesos contra funcionarios públicos o privados por delitos cometidos o exigir demandas sociales aunque afecten intereses empresariales. Todo esto forma parte de las prácticas democráticas; es decir, es una prerrogativa reconocida…