Con motivo de la entrada en vigencia del Decreto # 4-2020 del Congreso, mediante el cual se reforman disposiciones de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (oenegés) y del Código Civil, estas últimas específicamente en lo que se refiere a la regulación de asociaciones civiles y fundaciones, se ha generado un importante debate jurídico-político tanto en torno al obligatorio registro de las entidades, la fiscalización de su funcionamiento y el control de sus fondos, como sobre la posibilidad de que sean disueltas las asociaciones civiles y oenegés cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público, que inequívocamente reviste singular relevancia.  

Respecto de esto último, el Decreto # 4-2020 del Congreso dice textualmente: “Las asociaciones civiles o las Organizaciones No Gubernamentales podrán disolverse por la voluntad de la mayoría de sus miembros y por las causas que determinen sus estatutos. También pueden disolverse por acuerdo de la autoridad respectiva a pedido del Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas o Ministerio de Gobernación, cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público”.

Según la Doctrina, el orden público supone el normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas en el marco del Estado de Derecho, así como bajo el cual los habitantes de la República gozan del reconocimiento, protección y defensa de sus derechos fundamentales en un ambiente de respeto, paz social, fraternidad, igualdad ante la ley y justicia. Asimismo, un orden público legítimo garantiza el bien público temporal (existencia y conservación del Estado), la plena vigencia de la ley, la represión del abuso de derecho y la realización del bien común.

Luego, la alteración del orden público equivale a la perturbación o trastorno de la normalidad institucional, que puede ser causada por las actividades de la delincuencia común u organizada, la protesta violenta como reacción a imprudentes decisiones gubernamentales o a la falta de respuestas a la problemática social y económica; o, incluso, por acciones atribuidas a la subversión, la rebelión y el terrorismo, que, por cierto, son sancionados como delitos contra el orden público.

De acuerdo con la Constitución, corresponde al Presidente de la República la conservación del orden público; y, asimismo, contempla la alternativa de decretar estados de emergencia (para la protección del orden público) en casos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, actividades en contra de la seguridad del Estado o calamidad pública.

Por consiguiente, la conservación del orden público en una democracia institucional es fundamental; sin embargo, no puede desdeñarse el hecho de que, a lo largo de la historia, los regímenes despóticos, tanto autoritarios como totalitarios, han echado mano del orden público, incluso sustentado en un régimen de legalidad ‘ad hoc’, para imponer sus dictados, restringir y conculcar los derechos humanos, así como para sojuzgar a las poblaciones.

De esa cuenta, entonces, la disolución y cancelación de asociaciones civiles y oenegés, con base en que sus actividades contravienen el orden público, no debería dar cabida a la arbitrariedad y al abuso de autoridad. En mi opinión, por razones de seguridad jurídica, deberían establecerse causales específicas que determinen la contravención del orden público; y, asimismo, que las mismas sean debidamente acreditadas en el marco del debido proceso y que la correspondiente decisión administrativa final esté sujeta a control jurisdiccional.