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Opiniones de hoy

Bukele: esperanzas y temores

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En Guatemala la legitimidad y la representatividad han sido débiles.

En las democracias republicanas, el pueblo delega su poder soberano en poderes que se integran por quienes resultan electos  –Ejecutivo y Legislativo–  o por mayoría de votos del Legislativo-Judicial, de donde deriva la importancia del régimen electoral a cargo de asegurar, en el origen, la legitimidad y representatividad de los electos, atributos que dependen de la transparencia del proceso, la intensidad de la participación ciudadana y el tamaño del resultado electoral alcanzado por los triunfadores. Estos atributos no son permanentes, pues en el transcurso del tiempo pueden perderse, mantenerse o incrementarse, dependiendo de la valoración de los ciudadanos sobre el desempeño de las funciones de los electos. 

En Guatemala la legitimidad y la representatividad han sido débiles pues, salvo la mayoría absoluta alcanzada en 1974 por la Democracia Cristiana y sus aliados, los resultados electorales de primera vuelta arrojaron mayorías relativas en torno a un tercio de los votos, lo que implica congresos fraccionados de difícil gobernanza y una contienda presidencial entre finalistas  –segunda vuelta– que con suerte alcanzan el 50 por ciento de los votos válidos, lo que significa un respaldo en el origen, de solo 15 o 25 por ciento del electorado, medido respecto del total del padrón electoral, indicador que se reduce y hasta desaparece en el tiempo cuando los electos dicen que actúan para cambiarlo todo y hasta “refundan” el Estado, pero dejan todo igual, hacen lo mismo que sus antecesores y terminan compitiendo por el dudoso mérito de convertirse, uno tras otro, en el peor gobierno de la historia, lo que desafortunadamente logran.

En El Salvador, la victoria del presidente Bukele en 2019 fue inobjetable, revestida de gran legitimidad y representatividad, pues sobran los dedos de una mano para recordar, en los últimos 50 años, resultados electorales tan contundentes en las democracias republicanas a nivel global, indicadores que el Presidente ha hecho crecer gracias a sus actuaciones en armonía con lo ofrecido, por lo que no extraña que, en la elección reciente del nuevo Congreso, la victoria de las corrientes políticas afines al Presidente haya sido aún más aplastante, con mandatos muy precisos para cambiar el estado de cosas.

En términos democráticos, el poder delegado por el pueblo se ejerce para concretar las aspiraciones ciudadanas, así como para ser consecuente con la oferta electoral y ocuparse de superar los obstáculos institucionales que impiden el cumplimiento del mandato masivamente expresado por la ciudadanía.  No haberlo emprendido, habría redundado en un rápido deterioro del poder legítimo y representativo delegado por el pueblo, se hubiese perdido la oportunidad de promover la necesaria reforma y habría causado otra decepción ciudadana de impredecibles consecuencias para el sistema político. 

Hay razones para temer que el régimen se confunda y derive en autoritarismos populistas y dictatoriales, pero me parece prematuro convertir estos temores en condenas y afirmaciones como las que han formulado respetables políticos, diplomáticos y periodistas.  En mi caso, sigo alentando la esperanza de que el poder legítimo recibido por el Presidente y el Congreso, les permita construir la institucionalidad democrática que viabilice el desarrollo y el bienestar del pueblo salvadoreño. Así debe de ser.

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