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Opiniones de hoy

¡¡¡25 años de “prórroga”…!!!

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25 años sin aplicar una la ley de protección a la vida, al derecho humano, al bien común, a la justicia, sigue representando una licencia para una muerte y  abandono con total impunidad a los responsables.

Y seguimos con una batalla sin sentido humano, se siguen oponiendo a una ley de justicia, de  derecho humano, de bien común, y mandatorio en todo país y sociedad civilizada desarrollada o  en vías de desarrollo. Ya no queremos que a Guatemala se le siga nombrando como “Banana  Country”, como una finca en donde no existe el respeto al derecho, a la justicia, y donde el poder está sobre la Ley. 

Nos referimos al Acuerdo Gubernativo 17-2020: “Reglamento para la contratación del seguro  obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y  de carga”, que se aprobó por el gobierno de Jimmy Morales para entrar en vigencia en febrero del 2020 y que se aplica en todos los países del mundo a excepción de un par, en donde desafortunadamente se encuentra Guatemala.  

Después de 25 años de haberse aprobado el Artículo 29 de la Ley de Tránsito, que dice: “Todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública deberá contar según la Ley de  Tránsito y su reglamento mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley…”, sigue sin aplicarse y sin ejecutarse. Las principales razones son la falta de voluntad política, negligencia, intereses sesgados a poderes relacionados a corrupción y otros. 

La “Dirección General de Tránsito de la PNC”, con el objetivo de poner a discusión la ley del Acuerdo  Gubernativo 17-2020, ha establecido mesas técnicas de discusión con las diferentes organizaciones y asociaciones del país que les compete, interesadas y relacionadas a este tema. El acuerdo y la ley  se encuentran en un estado de “prórroga” como le mencionan, o en suspenso o ‘stand-by’, como quieran llamarlo, debido a las presiones opositoras por intereses políticos y económicos relacionados a transportistas, taxistas y vehículos comerciales. 

Ante esta situación nos preguntamos lo siguiente; considerando que después de 25 años seguimos en las mismas… ¿¿¿Las muertes por accidentes se pueden poner en “prórroga”…??? ¿La atención a la salud y economía de las víctimas, que quedan discapacitados, mutilados, paralíticos y lisiados por  accidentes y que se les destruyó la vida, sin poder mantenerse y mantener a sus familias, se pueden  poner en “prórroga”?… ¿¡Hasta cuándo…!?

Las organizaciones directamente interesadas y afectadas como la Asociación de Transporte de  Pasajeros y de Carga, así como taxistas que siguen solicitando otra “prórroga”, establecen su oposición debido a una situación económica complicada por la pandemia que cumple ya más de un  año. ¿Siempre habrá una razón para no ejecutarse…? 

Esta situación, que si bien es cierta, no justifica seguir esperando la ejecución de una ley que no tiene más discusión para no aplicarla, porque no existe ninguna razón “más importante” que  respalde y defienda ninguna otra posición. El derecho humano, la integridad y la vida de las personas, deben ser la máxima prioridad del Estado en su gestión. 

Entendemos que las autoridades competentes que han tenido en “prórroga” la ley debido a la  protección de los sectores interesados, han establecido y definido que el 20 de agosto del año en curso entrará la ley en vigencia y la ejecución, lo cual esperamos y exigimos que así sea.  

Las autoridades que sean parte de este acto de justicia en el cumplimiento de la ley dejarán un legado para el bien común para toda una nación, que nunca se olvidará en la historia de  Guatemala…

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