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Opiniones de hoy

Ley mordaza

opinion

Las organizaciones de sociedad civil han sido una piedra en el zapato para los corruptos que han estado en diferentes gobiernos.

En esta incipiente democracia, en donde hay más barranco que esperanza, los derechos  fundamentales constantemente son puestos en riesgo, para beneficios de algunos. El derecho de asociación, reconocido por el derecho internacional y por la misma Constitución Política está en un grave riesgo.  Desde hace unos años, las organizaciones de sociedad civil han sido una piedra en el zapato para los corruptos que han estado en diferentes gobiernos.  En la legislatura pasada, muchos de los diputados señalados de actos de corrupción hicieron todo lo posible por reformar la Ley de ONG, con la intención de limitarlas, censurarlas y hasta cancelarlas de forma arbitraria. Ellos no pudieron, pero los de esta legislatura sí. 

La molestia de estos corruptos es el papel fundamental que han jugado algunas de ellas fiscalizando, denunciando o simplemente haciendo lo que le corresponde al Estado. Vamos a ver algunos de estos casos.  Recordemos cómo Acción Ciudadana por allí en el 2015 denunciaba que pacientes del IGSS habían muerto a causa de tratamientos de hemodiálisis que una empresa pirata había sido contratada para prestar estos servicios. Otros ejemplos son los diversos amparos que la Fundación Mack ha presentado para que el paupérrimo sistema de justicia no se convierta en una piñata de impunidad. GGM, MTM y La Alianza denunciando casos de violencia contra las niñas y mujeres  tan graves como el caso de María Isabel Véliz Franco y el caso Hogar Seguro.  Y qué decir del valioso y loable trabajo que hace Antigua al Rescate, prestando ayuda humanitaria en el Corredor Seco y en otros lugares más, en donde el Estado ha abandonado a las personas a su suerte.  

Más allá de los ejemplos mencionados, el Estado y sus diversas instituciones no pueden jugar a ser todopoderosos y castigar a sus “enemigos”, no se puede regresar tiempos oscuros en donde el Estado era totalitario y sanguinario. Independiente si congeniamos o no con las organizaciones, el derecho a asociación y organización no puede ser vetado. La Corte de Constitucionalidad en el momento de conocer las diversas inconstitucionalidades, que seguramente se presentarán, debe resolver apegada a los tratados internacionales que el Estado de buena fe a ratificado y a la misma Constitución.  Cualquier resolución alejada a estos parámetros dará paso a consolidar el sistema de impunidad post CICIG. 

Otro elemento importante para recalcar es que los corruptos han creado todo un sistema para deslegitimar a sus detractores entre los argumentos que han utilizado para esto se encuentran los términos “chairos”, “comunistas”, entre otros, para deslegitimar su trabajo. El Estado policial que se está confabulando no es únicamente en contra de organizaciones, es también en contra de periodistas, activistas, o cualquier otro actor que fiscalice y critique el sistema.  Ojo con todo lo que está pasando en estos lares.  

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