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Opinión

El peor escenario electoral en Nicaragua: sin garantías ni libertades, y a cuatro bandas.


“Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible”, afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aludiendo a la falta de garantías electorales, el endurecimiento del control del FSLN sobre el aparato electoral, el nombramiento de diez magistrados leales a Daniel Ortega, y la ausencia de observación electoral.

Se trata, además, de una elección bajo estado policial, con presos políticos, sin libertades públicas, y con leyes para inhibir a candidatos y eliminar la competencia política. Pero al consumarse la división de la oposición entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional, el escenario electoral puede ser incluso peor que el descrito por el secretario general de la OEA, porque le otorga una ventaja adicional a la dictadura para ejecutar el fraude en una competencia a cuatro bandas en la que se suprimió la segunda vuelta.

A contrapelo del clamor nacional por la unidad para lograr un cambio democrático profundo y la promesa de una alianza inclusiva, el fracaso de la unidad opositora ha generado un estado de desesperanza en el electorado azul y blanco. La inscripción, por separado, de una alianza chica entre CxL, el partido regional Pamuc y la Alianza Cívica, y por el otro lado, del PRD con una “alianza de hecho” con la Coalición Nacional, con la notable ausencia del Movimiento Campesino, le otorga a la dictadura la ventaja de controlar una elección a cuatro bandas. Mientras el Frente Sandinista concurre como primera minoría política, la oposición irá dividida entre CxL-Alianza Ciudadana y PRD-Coalición Nacional que se disputan el electorado mayoritario azul y blanco, y los partidos zancudos encabezados por el PLC, ALN, PLI, APRE, PC, y otros, representan el cuarto polo para cosechar los votos que les asigne la maquinaria del fraude.

Al eliminar el FSLN la segunda vuelta en la Ley Electoral, la ventaja competitiva de la primera minoría es mucho mayor cuando, además de controlar el poder electoral desde los Magistrados hasta las Juntas Receptoras de Votos, se vislumbra una tendencia a la dispersión del voto azul y blanco por la división opositora. Ortega solo necesita declarar 10, 100, 1000, o 10 000, votos por encima del partido del segundo lugar para reelegirse en la presidencia. La oposición, en cambio, necesita obtener al menos una ventaja irrefutable de 200 000 votos sobre el FSLN para neutralizar el fraude, y lograr una ventaja aún mayor de 750 000 votos en la elección legislativa, para defender su derecho a gobernar con mayoría calificada en el Parlamento.

Por ello era imperativa la unidad o alianza electoral de los principales actores de la oposición –UNAB, Alianza Cívica, Movimiento Campesino, CxL, PRD, Alianza Ciudadana, Coalición Nacional– en una sola casilla. Según las proyecciones de todas las encuestas, solamente bajo este esquema de unidad nacional y con un candidato presidencial único y una lista consensuada de candidatos a diputados, la oposición podría lograr un alto grado de participación electoral para derrotar a Ortega, a pesar del fraude, y para ganar por mayoría calificada en la Asamblea para desmontar las estructuras de la dictadura.

Sin embargo, sea por arrogancia, sectarismo, o ineptitud política, la alianza electoral fue descartada, alegando de forma temeraria que las otras fuerzas eran prescindibles, pues el 7 de noviembre el “voto útil” de la oposición se inclinará por CxL y su candidato porque es “la casilla más segura”. Como respaldo de esta teoría se cita 1990 cuando el voto antisandinista derrotó al FSLN con mi madre Violeta Barrios de Chamorro como candidata de la coalición UNO, y 1996 cuando el voto se concentró en el candidato del PLC, Arnoldo Alemán, a pesar de la existencia de más de 10 opciones opositoras;  pero nada de esto ocurrió en 2006, cuando la división del voto anti-FSLN entre el PLC y ALN y el MRS, facilitaron el triunfo de Ortega en primera vuelta.

Ante la ausencia de candidatos presidenciales que aún no han sido seleccionados por los dos bloques opositores, es aún prematuro indicar si hay o no condiciones para un “voto útil” de la oposición. Sin embargo, si nos atenemos a las encuestas realizadas hasta el mes pasado, hay dos señales preocupantes que no deberían ser desestimadas. Primero, en condiciones de división opositora disminuye la tendencia a la participación electoral y por lo tanto es imperativo devolverle al pueblo la esperanza en el voto; y segundo, entre los 11 precandidatos presidenciales no hay ninguna candidatura consolidada con una ventaja abrumadora sobre los demás, aunque si hay una clara competencia entre un grupo de cinco precandidatos que se distancian del grupo con ligeros márgenes de ventaja.

En consecuencia, si los líderes opositores de verdad quieren explorar la última posibilidad de hacer una “alianza de hecho” para derrotar a Ortega, deberían empezar por hacer un pacto de no agresión y acordar una estrategia de unidad en la acción para presionar por la suspensión del estado policial. La realización de debates televisivos y encuestas de opinión sobre las fortalezas de los candidatos para derrotar a Ortega, unir y gobernar al país, son insumos imprescindibles para seleccionar a los candidatos presidenciales y a diputados. Sin embargo, para devolverle la esperanza a la mayoría azul y blanco no bastan los debates ni las encuestas, si no se relanza la resistencia cívica. Ese es el verdadero desafío de los precandidatos presidenciales para perfilar el liderazgo de un “candidato único”.  Si en los próximos 60 días de precampaña electoral los precandidatos de la oposición no pueden hacer mítines, marchas y recorrer todo el país en libertad, y el pueblo no recupera plenamente la libertad de reunión y movilización, tendremos elecciones casa por cárcel con la oposición enjaulada por la custodia de la Policía orteguista. 

Si los precandidatos no pueden hacer campaña en libertad, ¿cómo van a darse a conocer para ser medidos por las encuestas? Y quién determinará al ganador de un debate televisivo entre precandidatos opositores, ¿un grupo selecto de jueces escogidos por el dueño de la casilla, o una encuesta representativa de la opinión pública?

Los debates y las encuestas, insisto, son un insumo para enfrentar la crisis del liderazgo opositor, pero la salida radica en recuperar y ejercer plenamente el derecho a la libertad de movilización y lograr la suspensión del estado policial. Solo entonces, la oposición y sus candidatos podrían decidir, ojalá en conjunto, si pueden o no competir en igualdad de condiciones en las elecciones del 7 de noviembre.

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