El pasado fin de semana, tras más de un año de (para algunos) inexplicables –y a veces muy violentas– manifestaciones de descontento popular, los chilenos fueron a las urnas para elegir, entre más de 1,300 candidatos, a 155 representantes de una Asamblea Constituyente (“paritaria” entre hombres y mujeres y con 17 curules “garantizadas” para la población indígena), la cual tiene el mandato –en un plazo máximo de un año– de sustituir la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet; en la expectativa de que las “nuevas reglas de juego” se traduzcan en un bienestar “más generalizado” que el que produjeron las reglas de “los Chicago Boys”. Dicho mandato, acordado con el 79 por ciento del voto popular en un plebiscito que se llevó a cabo en octubre del año pasado, ocurre en una nación que no solo ‘duplicó el ingreso promedio de sus ciudadanos’ en los últimos veinte años, sino que es la economía que ostenta el mayor nivel de ingreso ‘per cápita’ de todos los países de América que hablan español. Pese a ello, la mayoría de los chilenos opina que “no se ha hecho lo suficiente para que el crecimiento económico beneficie ‘aceptablemente’ a la mayoría, en vez de, desproporcionadamente, sólo a un pequeño grupo”…
En Colombia, donde en apasionadas “elecciones de segunda vuelta” (frente a un rival de inspiración neomarxista) en agosto del 2018 quedó electo Iván Duque, un joven y modernizante conservador que generó amplias expectativas en la mayoría del electorado, los periódicos y las redes nos traen ahora escenas reminiscentes del tristemente célebre “Bogotazo” de 1948, con actos vandálicos cometidos por colombianos “de a pie”, contra colombianos “de casa y carro”. Es evidente que, a pesar de sus innegables avances socioeconómicos, en Colombia aún subsiste un elevado nivel de insatisfacción social, que es el caldo de cultivo en el que surge este enfrentamiento propiciado, sin lugar a dudas, por grupos extremistas. Tan es así, que el conservador y polémico expresidente Uribe, está proponiendo inusuales medidas de subsidio popular, con la mira de apaciguar ‘la ira callejera de los pobres’. En el contiguo el Perú, tras unas elecciones “en primera vuelta” en las que la papeleta para elegir Presidente, con docena y media de candidatos, “parecía cartón de lotería”, ‘tras haber defenestrado a tres Presidentes’ –por corrupción– ‘en tres años’; se enfrentarán “en segunda vuelta”, el próximo 6 de junio, Pedro Castillo, un maestro de primaria autodenominado marxista (con 18.95 por ciento del voto válido en primera vuelta) y Keiko Fujimori (con 13.4 por ciento), hija del hoy preso exdictador, recientemente procesada por corrupción y “de derecha”, ofreciendo una “demodura” (democracia y “mano dura”). Con ambos candidatos “gozando” de un fuerte “antivoto” (‘aló, Guatemala’), los peruanos se enfrentan al clásico dilema latinoamericano de escoger de “entre los males, el menos” (‘¡aló, Guatemala!’), que en este continente quiere decir escoger entre “los que quieren redimirnos con el reparto de lo ajeno” y “los que no quieren que las cosas cambien”…
El cuadro no quedaría completo sin mencionar que a la par de Colombia, languidece el pueblo venezolano, ‘muriéndose de hambre sobre un mar de petróleo’ y sometido, como el cubano y el nicaragüense, desde hace años, a la dictadura más abyecta, que asesina a disidentes y opositores, dizque en defensa del “gobierno del pueblo”, ‘de un pueblo hambriento, amordazado y acorralado’. ¿Estamos condenados, en la América Hispana, a brincar de susto en susto, entre el fracasado neomarxismo y un insatisfactorio ‘subcapitalismo semifeudal’? ¿por qué en la tierra de Morelos, Bolívar y San Martín no parecen “sacarnos del hoyo” la democracia y el mercado? ¿por qué no ha tenido éxito en este continente atribulado el sistema de las repúblicas capitalistas que tanto bienestar ha producido en el primer mundo?
La respuesta corta es que no hemos construido, como sí lo hicieron en Europa y la América del Norte, repúblicas “de todos los ciudadanos”; en 200 años de “independencia” ‘no hemos logrado remontar la terrible herencia colonial de “las dos repúblicas” que aquí nos heredaron los conquistadores españoles’. El caso de Guatemala, uno de los más extremos, lo ilustra meridianamente: (i) en 1821, en busca de mantener privilegios feudaloides (principalmente el monopolio del comercio exterior), la elite conservadora destruyó la República Federal y nos condenó por tres décadas a una disminuida, territorial y cívicamente, “monarquía aldeana”, ‘sin Constitución; (ii) en 1871, la “revolución liberal” sustituyó a una oligarquía por otra y con un hipócrita ropaje “institucional y republicano”, creó nuestro “capitalismo de plantación’”; sobre la base de ‘una privatización corrupta de las tierras estatales’ que dio por resultado –con la dualidad latifundio/minifundio– una sociedad de “finqueros y mozos”; y (iii) en 1954, “la liberación”, tras derrocar –con el ilegal apoyo de la CIA– a un Presidente constitucional que intentó hacer una imperfecta y colectivizante “reforma agraria”, nos enzarzó en un terco y apenas superado “Conflicto Armado Interno” (1960-1996). Afortunadamente para “el Triángulo Norte” de Centroamérica, nuestra proximidad geográfica al mercado capitalista moderno más grande del mundo, ‘vía la emigración legal e ilegal’, nos ha proporcionado, ‘hasta ahora’, un “escape” para la “olla de presión” social y aún no hemos enfrentado un cuadro como el presente colombiano. Pero mientras nos encaminamos apresuradamente a repetir el actual cuadro peruano en un par de años, es pertinente preguntarse: ¿Cómo salir de este predicamento? ¿Hay forma de evitar la “seudodictadura derechista”, supuestamente –pero no siempre– benevolente (y con frecuencia apoyada en una generalizada y socialmente costosa cleptocracia), sin caer en la “dictadura del proletariado” (que invariablemente significa la dictadura de la corrupta y violenta “vanguardia” revolucionaria)? ¿Podemos alcanzar una sociedad razonablemente próspera y pacífica, en el contexto de un capitalismo ‘moderno, incluyente’ y, por tanto, ‘políticamente viable’?
La respuesta es que sí, pero realistamente, ‘solo con cirugía mayor: la fórmula de Abraham Lincoln’. Lincoln se enfrentó en 1861 al ‘capitalismo de plantación’ del Sur de EE. UU., que con mano de obra abiertamente ‘esclava’, era aún más atroz que el régimen de ‘siervos de facto’ que hemos tenido en la antigua América española. Tuvo Lincoln como principales enemigos ‘a los hombres más ricos de su país’, quienes ostentaban presencia dominante en el Senado y en el Colegio Electoral, que no era poca cosa. Sí, provocó la guerra (interna, civil) que más muertos le ha causado a EE. UU., pero dio por resultado la abolición de la esclavitud y un programa de reparto agrario (los ‘Homestead Acts’) que convirtió a la nación norteamericana, a la vuelta de una generación, en la primera potencia industrial del mundo, asentada sobre una sociedad capitalista de ‘pequeños propietarios’ y he ahí la clave, de ‘consumidores’. Lincoln contó con dos factores de los que aquí carecemos: (1) en el Norte de su país, ‘ya existía la República de todos los ciudadanos’, solo había que “extender” el benéfico influjo de sus instituciones a toda su geografía; y (2) tenía abundante tierra (arrebatada a México, por las armas, en 1848) que ‘repartió a los desposeídos’ (a razón de un par de caballerías por cabeza), en vez de hacer las viciadas “subastas al mejor postor”, que pretendían –como después harían aquí nuestros “liberales”– los capitalistas sureños. A Lincoln le pagaron sus vencidos pero acérrimos enemigos, metiéndole un tiro a traición y dejando en manos de un Vicepresidente racista, el inicio de la “regresión legal” de sus reformas, dando inicio a las tristemente célebres “leyes de Jim Crow”. Pero, a tragos y rempujones, “el Sur” finalmente ha ido acercándose a los valores republicanos ‘incluyentes’ a los que aspiraba Lincoln. En 1945, Douglas McArthur aplicó similares recetas en Corea y Taiwán (dos naciones tan desiguales y subdesarrolladas como Guatemala a mediados del siglo pasado), y ese es “el secreto” que las catapultó al mundo desarrollado, del que ya forman parte, hoy. Como en el 2021 la relación tierra/población en Guatemala hace del reparto agrario una propuesta “aritméticamente imposible, técnicamente regresiva y políticamente inviable”, debemos encontrar fórmulas novedosas para hacer una amplia “dotación patrimonial ciudadana”, que logre los mismos objetivos que perseguía Lincoln, por otros medios. Busque en el sitio electrónico ‘www.ciudadanotoriello.com’, en la pestaña que dice “Plataforma Ideológica”, el “Manifiesto Fundacional del Partido Liberal Auténtico de Centro América”, para encontrar detalles que ya no caben en esta columna. ‘Sin violentar el marco jurídico actual’, sino únicamente a través de reformas legales a nuestro andamiaje institucional republicano, ahí se describe cómo podemos encontrar la ruta hacia la sociedad próspera y pacífica que hasta ahora nos ha esquivado. O podemos seguir creyendo que lo mejor “es no hacer olas”; o como dicen nuestros ultraconservadores, que nuestra inestabilidad hemisférica es solo fruto de la conspiración “comunista” urdida por el, según esto, inexplicablemente astuto y efectivo “foro de São Paulo” y no de nuestras obvias falencias sociales. Recuerde ciudadano que solo dos cosas provocan una insurrección popular: el hambre y la ‘percepción de injusticia’; y es esta última, como insinuaba el propio Milton Friedman, más que la primera y según la Historia enseña, la causa usual…
CAMINO A LA HAYA: El pasado 8 de diciembre, el Gobierno guatemalteco, tras haber obtenido y utilizado una prórroga del plazo respectivo, presentó, a través de sus agentes oficiales, el alegato del Estado de Guatemala por nuestros derechos en el caso de Belice, ante la CIJ. Seis meses después, vence el plazo para que el Gobierno beliceño presente el suyo, el 8 de junio del año que corre. A partir de entonces, ya no habrá excusa (“darle información gratuita a los enemigos del caso guatemalteco”) para que nuestra Cancillería mantenga “en reserva” su postura oficial; mientras prepara, en los seis meses siguientes, su “réplica”. Ese será el periodo durante el cual un grupo de ciudadanos guatematecos, en calidad de “advocates” (en el léxico de la CIJ; algo así como un “querellante adhesivo”, en la legislación chapina), presentarán su recurso de ‘amicus curiae’ ante la misma CIJ. Lo mantendremos informado, ciudadano…
