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Opiniones de hoy

La opacidad

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¿Contratos confidenciales con el Estado?

El famoso tema del contrato firmado por la Ministra de Salud para obtener las tristemente célebres vacunas Sputnik V, ha puesto en evidencia un aspecto que me parece a todas luces muy preocupante.

Resulta que en varias ocasiones ha dicho que tiene una obligación de confidencialidad sobre dicho contrato, y que está sorprendida, y hasta molesta, que se haya “filtrado” el texto contractual, en especial, algunas de sus cláusulas que han generado gran polémica. Hay un famoso refrán que en latín reza: ‘Ignorantia legis, nox excusat’.

Ningún ciudadano, y mucho menos, un funcionario público, pueden alegar ignorancia de la Ley con el fin de exculparse de su cumplimiento.

Nuestra Constitución, en su Artículo 30, garantiza la publicidad de los actos administrativos. Hace, sin embargo, una reserva: asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, ‘o datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.’ 

El texto en itálicas, ¿permitirá que un contratante extranjero imponga confidencialidad a un gobierno, ante todo, tratándose de una compra hecha con fondos públicos?

Me parece que de ninguna manera. Esa reserva no está hecha para contratos con particulares, sino para cuando los gobernados brindamos INFORMACIÓN que consideramos confidencial o sensible al Estado. Un ejemplo, entre otros, sería información personal que puede levantarse en un censo. Y así, pueden darse otros ejemplos. Por eso, el Estado no revela nombres de personas contagiadas por el COVID-19, sino solo brinda información numérica o estadística. 

La Ley de Acceso a la Información Pública define en su Artículo 22 qué es información confidencial. En ninguno de sus seis numerales se contemplan como confidenciales, los contratos firmados por el Estado. Luego, el Artículo 23 define qué es información reservada. Tampoco, en ninguno de sus nueve numerales se incluyen los susodichos contratos.

Los principios que rigen la ley antes mencionada, son la máxima publicidad, y la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos.

Pero aún asumiendo que Human Vaccines, el bróker con el que se firmó el contrato, hubiera “impuesto” como condición que, para firmar el contrato, se acogía a esa reserva de dar datos suministrados bajo garantía de confidencia, un gobierno transparente, abierto, y cuentadante, no solo debería indicarle que esa no es una facultad o derecho que puede arrogarse, sino además y por sobre todo, terminar toda negociación. Ningún sujeto puede imponer confidencialidad sobre un tema que por su propia naturaleza no puede ser más público: la pandemia no es una oportunidad de negocio; es un asunto de gran trascendencia nacional y todo lo que se haga para paliarla, no debe ser confidencial.

Al final de cuentas, todo es un tema de convicciones y vocaciones. Nuestros gobernantes, ¿tienen convicción de que la publicidad de los actos administrativos es un imperativo elemental de todo Estado democrático de derecho?, ¿tienen vocación de transparencia y cuentadancia?

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