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Opinión

Sin vacunas y amenazados con contagios y muertes


El Congreso autorizó al Gobierno la cifra de Q614 millones, equivalentes a US$78.7 millones, para comprar el 50% de un lote de vacunas, directamente a los fabricantes. Sin embargo, con una ingenuidad nunca vista, ausencia de sentido común, falta absoluta de juicio, o viéndonos la cara, sospechosamente sin la asesoría de la Procuraduría General de la Nación, se firmó un contrato lesivo a los intereses nacionales, para comprar las vacunas rusas Sputnik V, contraviniendo la Ley, pues en lugar de comprar a la fábrica, firmaron un contrato ilegal con una empresa subsidiaria, una intermediaria, de reciente formación –nueve meses– con representación “no exclusiva” para comercializar las vacunas, sin experiencia en el ramo, sin empleados, excepto su representante o presidente ejecutivo, por cierto, con capital suscrito y pagado de alrededor de US$3 mil 500, dedicada a inversiones en valores y se le entregó todo el dinero. 

A pesar de su vida tan corta, esta empresa, jugando el papel de “broker” de la vacuna Sputnik V, logró, sin asumir ningún compromiso contractual de tiempos, calidad y ni de volúmenes de suministro de dosis, que se le pagara de junto, de manera insólita e irresponsable, todo el dinero.

Mientras Honduras pagará contra entrega de cada lote el 50% y el otro 50%, cuatro días después. Es decir, que si Honduras recibiera el lote de 50 mil dosis que vendrá hoy a Guatemala, se limitaría a pagar US$250 mil y cuatro días más tarde, otros US$250 mil: un total de US$500 mil por las 50 mil dosis. Guatemala, tal vez porque nos abunda el dinero, por recibir el 0.3% de las 16 millones de dosis de vacunas que adquirió, ya pagó el 50% del total a pagar equivalente al US$78.7 millones, aunque a un ritmo de entrega de 50 mil dosis por semana, el “broker” ruso termine de entregar las vacunas en 320 semanas, equivalentes a poco más de seis años.

Tuvo razón el doctor Asturias Barnoya en decir que sería mejor anular el contrato o declararlo lesivo, pues no solo es sabido, a escala global, que los fabricantes rusos sobrevendieron en exceso su capacidad de producción, sino que en caso de problemas el “broker” intermediario, en el peor de los escenarios, tendría que pagar a Guatemala una multa de US$100 mil, sino que cualquier diferendo o reclamo se deberá dirimir en Singapur, con base en la legislación inglesa. Vaya absurdo financiero y legal.

Como si fuera poco, se suma que la vacuna Sputnik no ha sido aprobada ni por la CDC de Estados Unidos de Norteamérica, su contraparte en Europa, ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, debido a la insuficiente capacidad de producción con que cuenta Rusia, está haciendo arreglos para iniciar la producción en China y entre otros países, en Argentina, para distribuir la vacuna en Centroamérica y América Latina. 

La Ministra de Salud, por cierto, lamentablemente, con un pie en la cárcel, por su ligereza y miopía, lejos de preocuparse por el estado de ánimo y los disgustos de los rusos, debería priorizar la vida y la salud de los guatemaltecos, utilizando con inteligencia, juicio e impacto, los escasos recursos financieros del Estado, que con displicencia y desprendimiento, sin sensatez, fueron entregados mediante un contrato leonino y desventajoso.

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