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Opinión

¿Incapacidad?; ¿corrupción?


Las preguntas que debe responder la ministra de Salud, Amelia Flores, y su lesiva compra de la vacuna SputnikV

El presidente Alejandro Giammattei anunció el 28 de diciembre de 2020 –justo cuando celebramos el Día de los Inocentes– que compraría vacunas sin intermediarios. Específicamente, dijo que serían adquiridas 5 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus al laboratorio Moderna y 3.7 millones de vacunas a través del mecanismo Covax.

Enfatizó: “En la primera semana de enero de 2021 enviaré una iniciativa al Congreso para que nos permita comprar directamente las vacunas, sin intermediarios”. A esta compra de vacunas, sin intermediarios, según Giammattei, se sumarían 3.37 millones que provendrían del mecanismo COVAX, promovido por la OMS desde abril de 2020.

El Congreso aprobó el día 12 de enero 2021 el Decreto 1-2021, en el que literalmente dice: Se autoriza al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la compra de vacunas contra el COVID-19 y del equipo y servicios necesarios para su conservación y movilización en forma directa del fabricante…”

La modalidad del pago podrá realizarse en forma de anticipos y de convenir a los intereses del Estado, hasta por el total de la negociación. Están exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado, las importaciones del Estado de las vacunas contra el COVID-19 y otros insumos de salud directamente vinculados con el transporte y conservación que realice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Contraviniendo dicha disposición, la Ministra de Salud firmó un contrato con una empresa subsidiaria de nombre Human Vaccine, tal como lo confirmó la propia Ministra este lunes 3 de mayo, en la citación en el Organismo Legislativo. Incluso aseguró que se sintió sorprendida al percatarse, en el momento de la firma del contrato, que el vendedor de las vacunas no era el fabricante, ni el Fondo de Inversión y Desarrollo Ruso, sino una empresa subsidiaria, creada específicamente, con una representación “no exclusiva”, para comercializar las vacunas.

La ministra Amelia Flores no pidió asesoría a la Procuraduría General de la Nación, como correspondía, lo que se tradujo en la firma de un documento que carece de las formalidades legales que debe revestir todo contrato de esa naturaleza, como su traducción obligatoria al idioma español, no se cumple con los pasos de ley indispensables y por lo tanto, no registra jurisdicción. En otras palabras, es un documento informal: no es un contrato. Por lo tanto, a la hora de incumplimientos el país lleva todas las de perder.

La encargada de negocios y aparentemente vocera de la embajada rusa en el país, Larissa Planchinda, en su pretensión de descalificar oficiosamente las investigaciones periodísticas de ’elPeriódico’ –seguramente por petición de las autoridades–, confirmó en sus declaraciones en el aeropuerto La Aurora, que la parte contractual del Ministerio de Salud es la empresa subsidiaria Human Vaccines, con la que Guatemala estableció un contrato absolutamente desventajoso. Dicha empresa -el ‘broker’– no tiene, ni asume obligaciones contractuales, tampoco adquiere responsabilidades sobre cronogramas, plazos o tiempos de entrega ni calidades del producto.

En resumen, no hay contrato, ni obligaciones contractuales ejecutables relativas a las vacunas entre Rusia o el Fondo de Inversión y Desarrollo Estatal Ruso y el Estado de Guatemala. Guatemala pagó anticipadamente US$78.7 millones a la intermediaria –Human Vaccines–, equivalentes al 50% de las dosis. Pero, hasta hoy, Guatemala, tan solo ha recibido el 0.3% del lote de vacunas y esto, gracias a las presión pública originada por las publicaciones de ‘elPeriódico’. De otra forma, los cuartos fríos del Ministerio de Salud estarían completamente desolados.

A escala global, Rusia sobrevendió su capacidad de producción de vacunas Stupnik V y está buscando facilidades de producción en China, México y Argentina, entre otros países, para poder distribuir dosis en Centro y Sudamérica. Por eso, el doctor Edwin Asturias Barnoya –el experto que convocó el año pasado el presidente Giammattei para lidiar con esta crisis sanitaria–, con tino y preocupación sugirió anular el contrato o declararlo lesivo a los intereses del Estado de Guatemala.

La ministra Amelia Flores –una tecnócrata que gozó hasta hace unos meses de buen nombre– se ha rasgado las vestiduras por el destape de ‘elPeriódico’, que dejó en evidencia su incapacidad e inutilidad administrativa (no queremos pensar que haya sido mala fe). La ministra Flores, el Presidente y varios ‘netcenteros’ recién reclutados jugosamente, por consejo de una supuesta experta en “manejo de crisis” del corrupto Peña Nieto, nos acusan ahora de haber transgredido la Ley por haber “filtrado” un contrato “confidencial”. ¿Desde cuándo la compra de un bien público es “secreto de Estado”? Al contrario: si el contrato oficial se filtró –como siempre ocurre en los medios independientes– fue porque la indignación caló en las interioridades del propio gobierno. 

Además, resulta insólito que el Presidente y su Ministra desconozcan lo establecido en el Decreto 1-2021, que obliga a: “Las actuaciones y documentación de respaldo deberán publicarse en el Sistema GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor a los treinta (30) días de finalizada la negociación y adquisición”. La adquisición se materializó con la firma de la compra el 30 de marzo y con el pago, es decir, ya pasó el mes establecido, con lo cual la información debería ser pública para el pueblo guatemalteco. 

Extraña además, que el Presidente y su Ministra asusten con el petate del muerto, diciendo que el Gobierno Ruso rescindirá el contrato por haberse hecho público, cuando los contratos celebrados con Honduras, Hungría y Eslovaquia se pueden consultar libremente en Internet, en otras palabras, solo en Guatemala quieren darnos atol con el dedo. 

Amelia Flores, por incapaz e incompetente –por decir lo menos–, debe estar ahora mismo bajo el lente de la PGN y del Ministerio Público. ¿O será que en este reino de impunidad descarada, los patos seguirán disparando a las escopetas? Y: ¿Dónde queda el doctor Alejandro Giammattei en esta vergonzosa trama de alcances criminales, por tantas vidas humanas que ha cobrado, al igual que las 150 mil pruebas falsas de COVID-19, que con corrupción e impunidad se adquirieron a fines del año pasado?

Jose Rubén Zamora

elPeriódico

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