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Opiniones de hoy

Destitución de Magistrados y Fiscal en El Salvador

opinion

El Congreso de Guatemala no puede destituir Magistrados.

El sábado pasado, la Asamblea Legislativa (AL) de El Salvador, que se instaló ese mismo día, con el voto favorable de 64 de los 84 diputados (76 por ciento) que la conforman, destituyó a los magistrados titulares y suplentes de la Sala Constitucional (SC) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), designados para un periodo de funciones de nueve años, así como al Fiscal General de la República (FGR). 

La justificación de la destitución de los magistrados que se esgrimió fue la comisión de “fraude a la Constitución”, a través de sentencias emitidas durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19, en tanto que la remoción del FGR se fundamentó en la vinculación político partidista del ocupante de turno, designado para un periodo de tres años, que vence el 5 de enero de 2022.

La Constitución de El Salvador establece que los magistrados de la CSJ podrán ser destituidos por la AL por causas específicas, previamente establecidas por la Ley, así como que para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de, por lo menos, los dos tercios de los diputados (56 de 84). Además, la Carta Magna dispone que la AL podrá destituir al FGR, por causas legales, con el voto favorable de, por lo menos, los dos tercios de los diputados.

Por cierto, las sentencias objetadas de “fraude a la Constitución” se emitieron en contra de decretos presidenciales que, según la SC de la CSJ, pretendían contener el avance del coronavirus a través de la suspensión de derechos constitucionales, como el libre tránsito o el ingreso de salvadoreños al territorio nacional, así como realizar compras de emergencia sin verificaciones de los entes contralores del Estado, extremo que incomodó al oficialismo, que, a partir del sábado pasado, controla la AL.

Las principales objeciones a las decisiones de remoción de magistrados ordenadas por la AL son que no existen las “causas específicas, previamente establecidas por la Ley” y que no se cumplió con el debido proceso, que obliga a que nadie puede ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. Tampoco se acreditaron en un debido proceso “las causas legales” previstas por la Constitución para la destitución del FGR.

En Guatemala, existe un precedente de destitución de magistrados de la CSJ por el Congreso. Efectivamente, mediante el Decreto No. 945, de fecha 6 de febrero de 1953, el Congreso decretó, con fundamento en el Artículo 115, inciso nueve, de la Constitución (1945), que facultaba la destitución de los magistrados: “Se destituye de sus cargos, al licenciado Arturo Herbruger Asturias, presidente del Organismo Judicial (OJ); a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados Francisco Carrillo Magaña, Justo Rufino Morales y José Vicente Rodríguez”. La justificación de la medida legislativa fue la “ineptitud” supuestamente comprobada de los removidos, debido básicamente a que admitieron para su trámite una acción de amparo en contra de la aplicación en un caso concreto del Decreto 900 (Ley de Reforma Agraria), en cuyo texto normativo se establecía que “los actos y resoluciones de los órganos de la Reforma Agraria no son puramente administrativos, sino son actos de autoridad eminentemente ejecutivos y, de consiguiente, contra ellos no cabrán más recursos que están establecidos en esta ley (…)”.

En nuestra Constitución actual (1985-6), el Congreso no está facultado para destituir a los magistrados del OJ, de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, en el marco de un juicio político, sino que solamente le es dable declarar que ha lugar o no a formación de causa penal en su contra, después de agotado un debido procedimiento de antejuicio. Sin duda, esto supone una protección jurídica a la independencia e imparcialidad que le son inherentes a la administración de justicia.

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