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Opiniones de hoy

Necesaria y conveniente gradualidad

opinion

Políticos y formadores de opinión señalan la necesidad de reformas constitucionales que actualicen el marco institucional y jurídico.

Aunque valoro y aplaudo los avances en la lucha contra la corrupción gracias a CICIG, evidenciados dramáticamente en 2015, así como las “sanciones” que ahora se imponen por gobiernos extranjeros sobre ciudadanos guatemaltecos sindicados de corrupción, personalmente deploro profundamente que, a pocos meses del bicentenario de la independencia, como país, no administremos la cosa pública de manera honesta y pertinente, ni estemos en la capacidad de impartir justicia correcta e independientemente, ni que tampoco seamos capaces de resolver los problemas más ingentes ni de atender los asuntos fundamentales por nuestros propios medios, como debiera ocurrir en un país soberano, que supuestamente somos.

Políticos y formadores de opinión señalan la necesidad de reformas constitucionales que actualicen el marco institucional y jurídico después de 36 años de vigencia, que mantiene evidentes deficiencias para sustentar el desarrollo del país en el marco de instituciones políticas que cumplan cabalmente con la razón de ser de la actividad política, que no es otra que la de asegurar condiciones cada vez más humanas, que deben reflejarse en el alcance de mejores condiciones de vida de la población, alcanzadas en un proceso gradual y progresivo que revierta las andaduras de “cangrejo”, caminando para atrás, que como sociedad nos caracterizan, como resultado de la crisis institucional y política de los últimos lustros.  Cabe resaltar que la Constitución vigente lleva 36 años de vida y que la única “actualización” a las nuevas realidades se produjo en 1993, tras el rompimiento constitucional del presidente Jorge Serrano Elías.  En el pasado, los cambios constitucionales se produjeron, desde 1945 hasta 1984, en lapsos promedio de 12 años, en cada caso después de rompimientos institucionales con participación de las fuerzas armadas y el apoyo sectorial y a veces ciudadano, como ocurrió en 1945 y en 1984.

Hasta ahora, la costumbre ha sido la derogatoria total y absoluta del texto constitucional anterior, seguida de la vigencia de un nuevo texto a la medida de los intereses y al gusto de quienes gestaron y respaldaron el rompimiento del orden institucional; es decir, al estilo rompe y rasga, o todo o nada, pretendiendo inventar el agua azucarada, comenzar de nuevo y cambiarlo todo, dando a lugar a procesos que, al final de cuentas, confunden y ralentizan el alcance del desarrollo económico, social y político.  Cabe destacar que la ANC en 1985 dispuso un procedimiento de reforma constitucional por el Congreso y Consulta Popular (artículo 280) que se ha mostrado insuficiente como mecanismo de actualización gradual y progresiva del marco institucional básico. 

Es oportuno recomendar que, ante el inminente ajuste institucional, no se repita el tradicional rompe y rasga, sino se trabaje en la reforma del Artículo 280 y se establezca un procedimiento gradual y progresivo de actualización constitucional a las nuevas realidades, de manera que viabilice, en el correr del tiempo, convertir el texto constitucional en un conjunto de principios fundamentales, que evite y elimine disposiciones al detalle que deben relegarse a las leyes ordinarias; es decir, un procedimiento que sea, sobre todo, factible, democrático y representativo y que asegure amplios y profundos debates y acuerdos sobre las reformas que se promuevan. 

Reitero, es hora de comenzar y, respetuosamente, como dice un conocido columnista de este diario: ¡piénsenlo!

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