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Opiniones de hoy

Repetición de la postulación de candidatos a magistrados

opinion

No se observó la selección por oposición.

El 13 de octubre de 2019 venció el periodo de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), extremo que, conforme a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), es causa de la pérdida de la calidad de magistrado. Sin embargo, la 7a. magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), además de que suspendió el proceso de postulación de candidatos a magistrados, habilitó un plazo para una evaluación extemporánea de los magistrados y jueces aspirantes a las magistraturas por el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que redundó en la prórroga indefinida del periodo de los magistrados cesantes.

Sospecho que la verdadera intención detrás de la decisión de suspender el proceso de postulación fue que la anterior Legislatura (2016-2020), cuyo periodo venció el 14 de enero de 2020, eligiera a los nuevos magistrados, y que estos fueran elegidos por la actual Legislatura (2020-4).

El CCJ, por mandato de la CC, realizó una evaluación exprés de los juzgadores, con base en un ilegal instructivo improvisado, sin contar con una unidad de evaluación de desempeño con la capacidad técnica requerida, sin acatar los estándares internacionales exigidos por la LCJ, así como limitándose a examinar la gestión de los juzgadores de uno de los cinco años del respectivo periodo de funciones. Acto seguido, la CC, sin reparar en el despropósito evaluativo, reencauzó el trabajo de las Comisiones de Postulación, aunque, a finales de febrero de 2020, de nuevo, suspendió el proceso de designación, a petición del Ministerio Público (MP), a raíz de que se detectó un intento de manipular e influir en la elección de magistrados.

La CC, en la sentencia de amparo de fecha 6 de mayo de 2020 (expediente 1169-2020), ordenó al Congreso que excluyera de las nóminas de candidatos a magistrados elaboradas por las comisiones de postulación que estuvieran sujetos a investigación criminal en el caso “manipulación e influencia”, y en contra de quienes existieran “otros procesos penales, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, así como información sobre suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal”. Esta decisión supuso, además de un inadmisible prejuzgamiento, la reducción automática del número de candidatos nominados, exigido por la Constitución, entre quienes los diputados deben escoger a los magistrados. Asimismo, la CC ordenó al Congreso que procediera a elegir, mediante voto público razonado, a los nuevos magistrados, lo que se tradujo en que 160 congresistas votaran razonadamente por cada uno de los más de 300 candidatos, extremo que, inequívocamente, ralentizó el proceso de designación.

Por otro lado, el MP, que solicitó, sin éxito, la anulación de dicho fallo, fue obligado por la CC a rendir un informe al Congreso, en violación de la obligada reserva legal de la investigación penal, en el que no solo descalificó a algunos candidatos a magistrados, sino que cuestionó la integración de las comisiones, el procedimiento de puntuación de aspirantes, así como la evaluación de juzgadores llevada a cabo por el CCJ. De suerte que, según el MP, todo el proceso de evaluación y postulación estuvo viciado.

En mi opinión, dadas las irregularidades y anomalías denunciadas, así como considerando que no se observó en la postulación de candidatos a magistrados el principio meritocrático de selección por oposición, previsto en la Constitución, lo procedente es que se anule todo el proceso de postulación y que este se repita, desde la integración misma de las comisiones de postulación, con la incorporación de la metodología de la oposición.

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