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Opiniones de hoy

El agonizante constitucionalismo de los corruptos

opinion

Los cambios que se vienen son mayúsculos y se necesita un nuevo Estado para enfrentarlos.

Las últimas acciones del Pacto de Corruptos —agresivas como cabe esperar de una bestia herida de muerte— denotan su incapacidad de reconocer la irreversible pérdida de poder a que están condenados. Quizás por eso despliegan esa arrogancia que solo nace de la falta de conocimiento y la ceguera moral. De otro modo, no se entiende que Molina Barreto describa su regreso a la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad, como un acontecimiento que debe interpretarse en el tiempo de Dios y no de los hombres. Decía con razón el jurista español Antonio Nieto, que las maldades suelen disfrazarse con los ropajes del derecho y la religión.

Molina Barreto adereza su discurso con lugares comunes solo para anticipar decisiones que, como es de esperar de alguien como él, no se alejan de ideologías, sino que, por el contrario, pretenden imponer perspectivas favorables a los sectores que lo han apoyado desde siempre. Ni se molesta en mostrar su desprecio hacia los “estándares internacionales de derechos humanos”, que, según su pobre interpretación, “se aplican a conveniencia y a la medida”.

Sin embargo, a la luz de la crisis constitucional contemporánea, su proceder solo puede verse como la versión local de uno de los síntomas de los males constitucionales de nuestro tiempo: la insolencia de la ultraderecha —la cual algunos niegan que exista, a pesar de que su violenta presencia se hace evidente día a día—.

Uno de los aspectos que denota la agenda reaccionaria de Molina Barreto es su aversión hacia el “activismo” judicial. El problema, sin embargo, es que su actitud denota precisamente la manipulación constitucional que es la marca distintiva del constitucionalismo reaccionario. Es tan limitada su visión constitucional que su referencia a la ponderación solo es una estratagema para hacer que la Constitución “diga” lo que conviene.

Más bien parece que Molina Barreto quiere reproducir el activismo judicial a la inversa promovido por Donald Trump. En su reciente libro, ‘The Agenda: How a Republican Supreme Court is Reshaping America’ (Columbia Global Reports, 2021), Ian Millhiser describe la tendencia de la nueva Corte Suprema de Justicia norteamericana a desmantelar algunos logros constitucionales del siglo pasado. En ese sentido, algunos comentaristas ya han notado como esta Corte podría ser un obstáculo para el mismo gobierno de Joe Biden. El conservadurismo constitucional, lamentablemente, es una experiencia recurrente a lo largo de la historia.

A su modo, las elites depredadoras de Guatemala quieren hacer lo mismo. En este sentido, la denuncia del activismo judicial puede significar el solo deseo de desestimar las demandas más importantes de los sectores mayoritarios de la sociedad guatemalteca. Estas aspiraciones, vale decirlo, son consistentes con los anhelos de la comunidad global, esa que ve que los derechos humanos deben progresar en sintonía con el respeto a la naturaleza y la erradicación de la desigualdad radical. 

Guatemala se encuentra deprimida por las maniobras de los corruptos, los cuales se han aprovechado de la pandemia para crear el miedo que siempre favorece a la derecha radical. Este crimen de Estado —el cual sospecho, no quedará impune— no podrá completarse por su ostentosa irracionalidad. Nuestra carcomida casa implosionará por su propia debilidad o será barrida por cambios planetarios que, tarde o temprano, serán irreversibles. La terrible pesadilla del COVID-19 ya está dejando lecciones que tendrán que tomarse en cuenta, se quiera o no.

Pero estas enseñanzas no parecen ser entendidas por algunos miembros de la entrante Corte de Constitucionalidad. Los cambios que se vienen son mayúsculos y se necesita un nuevo Estado para enfrentarlos. Así las cosas, una Constitución no se puede usar para ocultar la necrosis institucional de un país que merecía mejor suerte.

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