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Opiniones de hoy

Estado de defunción

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Si no podemos esperar mucho de la calidad moral de nuestros políticos queda en nuestras manos buscar otros caminos.

16 de abril, fecha en que empiezo a escribir este artículo. Para muchos podría ser una fecha sin importancia. Sin embargo, tengo la absoluta certeza que, para el lector más álgido o simplemente para aquellos con una buena memoria, esta fecha evocará uno que otro sentimiento encontrado. Esta peculiar data marca nada más y nada menos que seis años del caso La Línea. Hacía 2 mil 190 días se plantaba una rosa. Por tanto, me parece esta la ocasión propicia para hacer una reflexión sobre el estado y la trayectoria de nuestra democracia. Pretendo realizar este ejercicio, estimado lector, con el objeto de iniciar una discusión abierta con base en dicho diagnóstico y alrededor de una sencilla pregunta: ¿Qué podemos hacer? 

La interrogante anteriormente planteada parecería estar rodeada de una pesada aura de pesimismo, casi de derrota. Cualquiera compartiría esta sensación presenciando el extraño juego de sillas musicales en el Ministerio Público. Cada vez que un fiscal de la FECI parece mostrar iniciativa, curiosamente, se queda sin silla y debe ir a probar suerte a otra fiscalía. Por su arduo trabajo como directora de dicha orquesta, la siempre vigilante Fiscal General recibía hace unos días un flamante y merecido galardón. Los eternos guardianes del lema “que todo cambie para que todo siga igual” daban una palmada en la espalda a su eficiente administradora mientras era excluida de las reuniones con la recién arribada comitiva estadounidense. El chiste se cuenta solo. Aunado a esto, nos vemos limitados por un arcaico Estado de Prevención amparado en una Ley de Orden Público ratificada en los años de aquella “democracia vigilada” que algunos tanto añoran fruto del cinismo y desesperación por igual. Solo en un país en donde los espacios políticos son amplios y las mentalidades estrechas la improvisación se disfraza de política pública. “La esperanza rota” pareciera ser un título apto para un continuo ciclo de desilusión. 

Es aquí, estimado lector, donde quiero llamar a la reflexión. Hemos advertido ya varias veces sobre el peligro incipiente de sacrificar las instituciones republicanas que nos protegen a todos. No obstante, me parece que salvaguardar estas instituciones de los profesionales de la demagogia es insuficiente. Nuestras estructuras de incentivos, evidentemente, siguen produciendo profesionales de la política que solamente velan por sus propios intereses. Nuestra democracia está en un estado marchito de defunción. Con este artículo, espero encender una chispa que ponga ese debate sobre la mesa. Si no empezamos a cuestionarnos la necesidad de cambios profundos podría ser demasiado tarde. Me parece que deberíamos considerar algo que en América Latina suele ser tabú, reformar nuestras instituciones políticas. Es eso lo que creo que podemos hacer. Debemos iniciar una madura y profunda discusión sobre los paradigmas de nuestra institucionalidad republicana. 

Nuestras instituciones democráticas nacieron fruto de una transición dirigida y celosamente vigilada por elites históricamente reacias al cambio. El impulso reformista de la ola democrática de los ochenta se vio severamente amenazado por aquellos que intentaban proteger sus privilegios y la sombra de cuatro intentonas de golpe de estado solamente durante el gobierno de Vinicio Cerezo. Ni siquiera la firma de la paz, la que debería haber sido la oportunidad perfecta, vio abrirse un espacio político para una reforma de esta naturaleza. La falta de cultura política y el cortoplacismo siguen siendo enfermedades crónicas de nuestra clase dirigente en el nuevo milenio. Si no podemos esperar mucho de la calidad moral de nuestros políticos queda en nuestras manos buscar otros caminos. La participación ciudadana tiene una importancia enorme, pero siempre terminamos perdiendo si las reglas del juego están viciadas. Seamos pensadores críticos y atrevámonos a revisarlas.

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