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Opiniones de hoy

Octava magistratura de la CC

opinion

LA CONSTITUCIÓN DEBE APLICARSE CONFORME A SU SIGNIFICADO 

PÚBLICO ORIGINAL.

El pasado miércoles, 14 de abril, se inició el periodo de funciones de la 8a. Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), casualmente 40 años después de que se instaló el mencionado Tribunal, en el marco del actual orden constitucional. Dicho periodo durará cinco años, del 14 de abril de 2021 al 14 de abril de 2026.

Cada una de las magistraturas de la CC ha adoptado criterios controversiales que marcaron su respectivo desempeño jurisdiccional. La 1a. Magistratura (1986-91) habilitó la revisión, por la vía del amparo, de las sentencias de casación dictadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se ha venido profundizando y ampliando; la 2a. Magistratura (1991-96) convalidó el reconocimiento gubernamental de la independencia de Belice y el inicio de relaciones diplomáticas con su gobierno, e invalidó las “Normas Temporales de Gobierno”, emitidas por el régimen de facto de Jorge Serrano en 1993; la 3a. Magistratura (1996-2001) expulsó del proyecto de reforma constitucional de 1999 una disposición que restringía la libertad de expresión de ideas y reguló el referendo constitucional; la 4a. Magistratura (2001-6) habilitó la candidatura presidencial del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, a pesar de que la Constitución lo prohibía, e intervino, por primera vez, en el proceso de postulación de candidatos a magistrados del Organismo Judicial (OJ); la 5a. Magistratura (2006-11) expulsó de la jurisprudencia constitucional el fallo que habilitó a Ríos Montt como presidenciable, dictaminó a favor del Acuerdo de la CICIG e invalidó la postulación, designación, juramentación y toma de posesión del Fiscal General en 2010; la 6a. Magistratura (2011-6) reconoció el Bloque de Constitucionalidad, anuló la sentencia condenatoria por genocidio contra Ríos Montt, autorizó la reelección del Contralor de Cuentas y tergiversó los requisitos para optar a las magistraturas del OJ; y la 7a. Magistratura (2016-21) impidió que la Legislatura 2016-20 eligiera a los magistrados del OJ antes del vencimiento del respectivo plazo constitucional, se apartó reiteradamente de la Doctrina Legal en materia de amparo, mantuvo la inconstitucional confidencialidad de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios, incidió decisivamente en el cuestionado proceso electoral de 2019, obstaculizó el antejuicio de los magistrados de la CC a través del “autoamparo” y adoptó una suerte de “mutación normativa” en los fallos.

En mi opinión, son deberes y desafíos de la 8a. Magistratura de la CC los siguientes: 1) Asegurar, como misión principalísima, que los poderes públicos se mantengan dentro de los parámetros constitucionales y neutralizar las desviaciones en su funcionamiento, haciendo volver las cosas al nivel de constitucionalidad requerido, así como restablecer la plena vigencia de los derechos fundamentales; 2) Recuperar la Doctrina Legal en materia de amparo, que arbitrariamente hubiese sido interrumpida; 3) Garantizar el amparo exclusivamente para los gobernados, restablecer el interés (motivo o causa) determinado, justificado y acreditado como la base de la legitimación activa para plantearlo, así como preservar y respetar la jurisdicción y competencia de la CSJ en materia de control de legalidad; 4) Observar los principios de supremacía de la Constitución, separación de poderes, administración de justicia conforme a la Constitución y la ley, sujeción a la ley de los juzgadores, así como de independencia, probidad e imparcialidad; 5) Aplicar las normas constitucionales conforme a su significado público original, así como abstenerse de enjuiciar o frustrar la aplicación de la Constitución; 6) Delimitar los conceptos de opinión subjetiva y decisión vinculante, a fin de viabilizar la deducción de responsabilidades legales en contra de los juzgadores; 7) Suprimir, por obstructiva, la calificación previa de las denuncias y querellas penales en contra de funcionarios que gozan de antejuicio, asignada a la CSJ por mandato resolutivo de la CC; y 8) Anular el proceso de postulación de candidatos a magistrados del OJ, debido a que el mismo, a juicio del Ministerio Público, está plagado de vicios, así como impulsar su repetición incorporando al efecto el método meritocrático de selección por oposición, previsto en la Constitución.

 

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