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Opiniones de hoy

El Congreso quiebra el orden constitucional

opinion

A ver qué dice la OEA.

El martes 13 la Junta Directiva del Congreso alteró otra vez el orden jurídico de la República. Un día antes publicó en el ‘Diario de Centroamérica’ el Decreto 3-2021, que integra la CC, 2021-2026, con cuatro de los cinco magistrados titulares designados: Roberto Molina, Dina Ochoa, Gloria Porras y Leyla Lemus. Y en el Acuerdo 11-2021 los convocó, con sus suplentes, a la ceremonia de juramentación.

Contrariando su propio Decreto, la Directiva excluyó a la magistrada Gloria Porras alegando un amparo provisional otorgado por una Sala ‘ad hoc’ -convenientemente de última hora- contra el proceso de designación del Consejo Superior Universitario, que concluyó el 4 de marzo. Sin consulta con el pleno, la Directiva, presidida por Allan Rodríguez, asumió el rol de juez e intérprete de la Constitución.

Los diputados adoptan decisiones políticas, no son jueces ni intérpretes de la Constitución. Por razones políticas juramentaron el 25 de enero al juez Mynor Moto como magistrado, perseguido por la FECI y ahora con dos órdenes de captura. Esta vez, los cuatro designados titulares de la CC estaban -por distintas razones- impugnados, pero el Congreso solo castigó a la magistrada Gloria Porras. 

La exclusión de la magistrada Porras es una victoria pírrica del Pacto de Corruptos, y sigue abonando graves precedentes de violaciones -sin consecuencias políticas ni legales, hasta ahora- de la Constitución Política de la República. Quisieron humillarla y, al impedirle asumir el miércoles 14, dejarla vulnerable ante una furiosa jauría de persecución política. Esto es, el típico terror ejemplificante contra quien ose ejercer justicia con independencia.

El desafío del Pacto de Corruptos al orden jurídico interno e internacional no conoce límites. Su cálculo de que reprimir caravanas de migrantes irregulares, les concede licencia para quebrantar el orden constitucional, es fantasioso. En materia de gobernabilidad interna y de relaciones internacionales, también se aplica el refrán de que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. 

La integración de una nueva CC abrumadoramente afín, no le satisfizo al Pacto de Corruptos, que ha decidido profundizar la crisis en el proceso de renovación. Lo ocurrido el martes 13 en el pleno del Congreso, como bien dice Gabriel Orellana, será el primer test de la CC 2021-2026, no solo por el caso de la magistrada Porras, sino porque los otros tres titulares de la nueva Corte están en similares condiciones.

Por otro lado, los despropósitos de la Directiva del Congreso -operadora del Pacto de Corruptos- encajan en el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El Secretario General de la OEA -que ya tomó el pulso de la situación en diciembre y conoce las conclusiones- deberá convocar de inmediato al Consejo Permanente y adoptar las medidas pertinentes, pues la alteración del orden constitucional deja en la cuerda floja el sistema democrático en Guatemala.

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