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Opiniones de hoy

La reforma migratoria demócrata

opinion

Requiere un acuerdo bipartidista.

Al asumir, el presidente Joe Biden puso en marcha acciones urgentes que enviaron señales de la reversión de la política migratoria de Trump: a) preservar y fortalecer la Acción Diferida para los llegados desde la infancia (DACA), b) suspender los Acuerdos de Cooperación y Asilo (“tercer país seguro”) con El Salvador, Guatemala y Honduras; c) cancelar los Protocolos de Protección de Migrantes (“Quédate en México”), que impedían que los migrantes solicitantes de asilo pudiesen ingresar mientras se estudiaba su situación y que provocó una crisis humanitaria, agravada por la pandemia del COVID-19. 

Biden además reafirmó la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, en riesgo durante el periodo de Trump. Y anunció la ruta para regularizar la condición migratoria de unos 11 millones de migrantes, de los cuales el 80 por ciento son centroamericanos y mexicanos. En su orden ejecutiva, Biden creó un marco para abordar las raíces de la migración irregular, mientras organiza el proceso de admisión de solicitantes de asilo y genera condiciones para reunificar las familias de quienes permanecen en territorio estadounidense sin documentos.

En esa dirección, el senador Robert Menéndez (New Jersey), de larga trayectoria en iniciativas de reforma migratoria, y la representante Linda Sánchez (California), presentaron el mismo 20 de enero un ambicioso plan, “históricamente progresista”: la Ley de Ciudadanía Estadounidense para regularizar a los indocumentados. La legislación requiere el apoyo de la Cámara de Representantes y el 60 por ciento de votos en el Senado -que está repartido 50/50 entre demócratas y republicanos- por lo que demanda un acuerdo bipartidista. 

En resumen, esta iniciativa contempla: a) un camino a la ciudadanía de los indocumentados que pueden solicitar un “alto temporal” a su deportación e iniciar un proceso para obtener la residencia temporal al cabo de cinco años, y tres años después naturalizarse, si es su opción; b) los beneficiarios del DACA, TPS y trabajadores agrícolas, tras cumplir requisitos específicos, pueden calificar para la residencia permanente; c) la reforma del sistema de inmigración para eliminar los largos tiempos de espera, bajar la saturación de casos pendientes e incrementar los cupos disponibles, según el país de origen (esto es, un marco favorable para la reunificación familiar); d) aumento de visas de trabajo, de 140 mil a 170 mil, y “visados de diversidad” (sorteos) de 55 mil a 80 mil; e) otro enfoque de la seguridad fronteriza, basado en despliegue de tecnología, para el control, además, del tráfico de estupefacientes ilícitos y los distintos tipos de contrabando; f) remover las raíces de la migración irregular mediante inversión (cooperación de US$4 millardos en cuatro años) y reducción de la corrupción endémica, la violencia y la pobreza en los países de origen. 

 

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