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Opiniones de hoy

¿Jueces criminales?

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El criterio judicial de la CC, por impopular que sea, no es motivo de persecución.

Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por segunda vez en menos de un año expresando su preocupación por las diligencias de antejuicio promovidas en contra de integrantes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela. En el mismo sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas, sobre la independencia de magistrados y abogados, manifestó su consternación. 

Esto no es normal. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Congreso impulsan dichas diligencias de antejuicio a pesar de que existe una sentencia de amparo de la propia CC que les impide continuar con su trámite. Que dos poderes del Estado desatiendan una resolución judicial es muy grave. Al margen de ello, es la tercera vez en menos de un año que el congreso intenta promover un antejuicio en contra de magistrados de la CC por decisiones que tomaron en el ejercicio del cargo. 

La interpretación que realiza un juez puede generar mucha antipatía o disgusto, pero la animadversión de una de las partes en litigio o de un sector de la sociedad no es suficiente para considerar una resolución como “delictiva”. En palabras de la CIDH, “está prohibido por el derecho internacional establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico que desarrollen las y los operadores de justicia en una resolución, en ejercicio de su función jurisdiccional”.

La función esencial de alguien que se encuentra en una judicatura es emitir opiniones sobre las situaciones que allí se someten. De allí que sea tan importante lo establecido por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que los magistrados “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.

Si una resolución en un caso ordinario siempre disgusta a una de las partes, en el caso de la justicia constitucional, quienes manifiestan esa desazón pueden ser sectores enteros de la sociedad. Pero esa es una de las principales cargas que se les encomienda a las personas que integran las altas cortes de un país. En determinados momentos, la labor judicial es un trabajo que se hace contra el criterio de la mayoría de habitantes de un país, o de los grupos sociales y de poder que lo integran. De allí que se exija que quienes ocupan estos cargos tan relevantes sean personas con ética, templanza, sabiduría y, sobre todo, independencia. 

Lo anterior no significa que los jueces no son responsables por sus decisiones o sus actos. Basta recordar el caso del magistrado suplente de la CC, Héctor Trujillo, que fue condenado en EE. UU. por su participación en el escándalo de corrupción de la FIFA. Nuestra arquitectura constitucional sí tiene mecanismos para enfrentar actos ─o incluso resoluciones─ delictivas de personas que ejercen la judicatura. 

Todo lo anterior no implica que la calidad de las resoluciones judiciales de nuestro sistema de justicia tiene mucho espacio para mejorar. Pero ello pasa por factores que van desde los procesos de selección, administración y gobernanza judicial, por mencionar algunos. No podemos sustituir el arduo trabajo que requiere una reforma al sistema de justicia con la persecución ilegal a jueces, porque su criterio judicial difiere del de otros actores de poder en el país. 

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