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Opiniones de hoy

Crisis de legitimación política

opinion

La competencia debe ser personal y no entre planillas.

La efectiva participación de los ciudadanos en el gobierno de sí mismos es uno de los elementos esenciales de una genuina democracia republicana, cuya finalidad, como afirmaba el expresidente de EE. UU., Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, aunque yo agregaría con el pueblo. En ese marco de participación, ante la imposibilidad material de que los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones, reviste singular importancia la designación de sus representantes ante las principales instancias políticas del Estado.

El Congreso es, por excelencia, la máxima representación de los ciudadanos. Es el órgano creador del Derecho, que es expresión de la voluntad general, y tiene primacía sobre los otros. Como órgano de representación popular debe ser libre y justamente elegido, ya que ahí radica su legitimidad (autenticidad).

En mi opinión, la integración del Congreso es la principal causa de la recurrente crisis de legitimación política en Guatemala. Los diputados, en realidad, son representantes de los partidos políticos y no de la población; y, por ende, no extraña que generalmente actúen a espaldas de esta. De hecho, no se ganan el derecho a ser diputados ante la ciudadanía, por medio de competencias abiertas y debates públicos, sino que sus candidaturas son cocinadas y asignadas, por conveniencias o intereses políticos, en el seno de los mismos partidos, bajo la vigencia del sistema de planillas o listas cerradas de candidatos.

Por consiguiente, los diputados entran en tropel al Legislativo, sin que la población sepa a ciencia cierta a quién eligió ni cómo será representada. No es de extrañar, entonces, que los diputados sean consecuentes con los intereses de los partidos o de sus financistas, y no con los intereses de los votantes. Tampoco sorprende que los bloques parlamentarios sean verdaderos regimientos y que los partidos, mediante sus subordinados en el Congreso, normen que los diputados que abandonen su bloque original pierdan su curul o sean relegados a la categoría de congresistas de segunda clase.

Para lograr una representación legítima la competencia entre candidatos a diputado debe ser personal y no entre planillas cerradas en las que se “invisibilizan” los aspirantes. Inequívocamente, la postulación de candidatos, a través planillas o listas cerradas, permite a los partidos colar a muchos activistas no idóneos para ocupar una curul, e impide a los ciudadanos elegir selectivamente a los congresistas, ya que están obligados a votar por las listas de candidatos presentadas por los partidos. De ahí que muchos diputados que resultan elegidos, además de incapaces, inidóneos y sin cualidades morales, no sean conocidos por el electorado.

Por el contrario, el sistema electoral de representación mayoritaria (también llamado de voto uninominal o de lista abierta) permite al elector votar directamente por el candidato de su preferencia en el distrito donde reside y su voto no favorece directa ni indirectamente a otros aspirantes. En fin, ganan los candidatos más votados en una competencia abierta y personal en los respectivos distritos (tantos como diputados se elijan), lo que conlleva que los congresistas efectivamente representan al electorado, además de que están más cerca de este y son menos dependientes del partido al cual pertenecen. Bajo este sistema, los parlamentarios, además de que gozan de mayor legitimidad, tienen un mayor grado de responsabilidad ante el electorado, ya que su reelección depende de su actuación. Adicionalmente, los representantes están más cerca del electorado que de los partidos. En dos platos, bajo el sistema uninominal el votante sí tiene poder, ya que está informado y sabe a quién elige.

Además, el transfuguismo puede combatirse con mayor eficacia cuando la misma ciudadanía puede castigar a los diputados (elegidos bajo un sistema de elección de voto uninominal), mediante el sufragio, frustrando su reelección o, por medio del referendo revocatorio, dando por terminados sus mandatos, a mitad del periodo de funciones para el que fueron electos.

 

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