¡Qué ridículo! El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) acaba de aprobar una resolución que condena los esfuerzos internacionales para presionar a Venezuela, Cuba y otras dictaduras para que respeten los derechos humanos.

Sí, leyeron bien. Por extraño que parezca, el Consejo decidió el 23 de marzo condenar “el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. En la jerga de la ONU, el término “medidas coercitivas” se usa para referirse a las sanciones.

La resolución pide además a los países que eviten todo tipo de medidas que afecten los “derechos soberanos” de otros estados. En otras palabras, pide a la comunidad mundial que no haga nada cuando una dictadura masacra a su pueblo, en contradicción con la propia carta de derechos humanos de la ONU.

La resolución del Consejo fue apoyada, entre otros, por Venezuela, Cuba, China, Rusia, Argentina y Uruguay. Estados Unidos no votó porque, aunque se unirá próximamente, aún no es miembro del Consejo, y México se abstuvo.

Como era de esperar, uno de los primeros en celebrar la votación del Consejo fue el dictador venezolano Nicolás Maduro. Su régimen fue acusado recientemente por la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU de crímenes de lesa humanidad, incluidas desapariciones forzadas y torturas.

El canciller cubano Bruno Rodríguez celebró la votación del Consejo, y el canciller venezolano Jorge Arreaza tuiteó que “los países que votaron en contra (de la resolución) deberían perder su asiento en el Consejo”.

Los defensores de los derechos humanos no pueden dar crédito a semejante desfachatez.

“Así que ahora quieren convencernos de que Maduro es una víctima de abusos contra los derechos humanos”, me dijo Hillel Neuer, director del grupo de derechos humanos U. N. Watch, con sede en Ginebra. “Esto es totalmente absurdo”.

Neuer agregó que el voto del Consejo es parte de una nueva narrativa de victimización de las dictaduras que está siendo facilitada por la Relatora Especial de la ONU sobre el “Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas en el Disfrute de los Derechos Humanos” —perdónenme, pero ese es su título, en serio— Alena Douhan. Los defensores de los derechos humanos describen a Douhan, una académica de Bielorrusia como una incondicional de Maduro.

El mes pasado, Douhan visitó Venezuela por invitación del régimen de Maduro, cuando el mismo Gobierno de Venezuela le había negado la entrada a los relatores especiales de la ONU sobre la tortura, libertad de expresión, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias. Tras su visita, Douhan emitió un informe acusando a Estados Unidos y Europa por sus supuestamente “devastadoras” sanciones contra Venezuela.

Sin embargo, la crisis humanitaria de Venezuela fue causada por Maduro, mucho antes de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

La mayoría de las sanciones internacionales contra el régimen de Maduro son restricciones de viaje y cuentas bancarias a altos funcionarios venezolanos y no tienen ningún impacto masivo. Y las medidas financieras de Estados Unidos, como prohibir la compra de nuevos bonos de Venezuela, comenzaron en 2017, cuando Venezuela ya era el mayor desastre económico del mundo, y millones de venezolanos ya habían huido del país.

Human Rights Watch, el grupo de defensa con sede en Washington D. C., dice que generalmente se opone a las sanciones unilaterales amplias que perjudican a las poblaciones, pero que el caso de Venezuela no entra completamente en esa categoría.

“El colapso de la economía de Venezuela es anterior a las sanciones económicas”, dijo la organización en un ‘e-mail’. Human Rights Watch agregó que las sanciones internacionales, especialmente cuando son específicas contra funcionarios, “pueden ser una herramienta diplomática eficaz para presionar a los violadores de derechos humanos para que frenen sus abusos”.

Yo agregaría que, en el caso de Venezuela, las sanciones internacionales son más que eso. Son la única forma realista de derrocar la dictadura más sangrienta de la historia reciente de América Latina, y restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.