La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, se dejó atrapar por otro falso dilema. Decían los políticos con estatura de estadistas en el siglo XX, que cuando el dilema es “patria o amigos”, no hay dilema.

En el caso Comisiones Paralelas, fases 1 y 2, están implicados altos funcionarios del Organismo Judicial y eso le genera conflicto a la fiscal general Porras. Los actuales magistrados -electos en 2014 en torno a una cama, como narró la exvicepresidenta Roxana Baldetti- fueron sus jefes cuando ella se desempeñó como supervisora general de Tribunales. Hace cinco años la designaron magistrada suplente de la CC. Y hace tres años uno de ellos también la favoreció para encabezar la lista de seis candidatos al cargo de fiscal general y jefe del MP.

La disyuntiva de la Fiscal General es: Ley o amigos. Hasta ahora ganan los amigos, lo cual significa que está faltando a su deber de “velar por el estricto cumplimiento de las leyes” y ejercer la “acción penal pública”. A medida que se retarda el proceso de investigación penal, porque no autoriza la solicitud de antejuicios, se configura un delicado cuadro de obstrucción de la justicia.

El caso Comisiones Paralelas en su primera fase, desató en 2020 una insospechada tormenta política y un desorden jurídico sin precedentes, debilitando riesgosamente el Estado de derecho. La Fiscal General no captó las dimensiones del caso e involucró a la CC. Cuando sus asesores le advirtieron que estaba en camisa de once varas, quiso dar marcha atrás, pero ya era tarde. 

De ahí en adelante la historia es más conocida, y llegamos al punto en que los magistrados de las cortes del OJ llevan más de 17 meses ejerciendo interinato, incluso los de la CSJ -con evidente conflicto de interés- han designado por segunda vez a magistrados al máximo tribunal constitucional. En manos de la jefa del MP ha estado todo este tiempo contener la crisis y afirmar la Ley: debió ordenar la integración de las cortes, y ante la desobediencia de las resoluciones de la CC cumplir su mandato de ejercer la acción penal pública.

Pero no es el único caso en que la fiscal Porras cae en falsos dilemas y no actúa con autonomía como le manda la Constitución. En 2019 Jimmy Morales y sus ministros Enrique Degenhart y Sandra Jovel desobedecieron la resolución de la CC sobre enviar al Congreso el acuerdo de “tercer país seguro”, y ella permaneció de brazos cruzados. Hace seis meses, sustrajo la investigación de la FECI sobre presunta conspiración contra el IGSS -que involucró a la secretaria general de la Presidencia, Leyla Lemus- y la emprendió contra sus propios fiscales.

A estas alturas de la historia, cuando el tema de la justicia dejó de ser jerigonza exclusiva de abogados, y las negociaciones de corrupción o amiguismo a cambio de impunidad, trascienden, el mal desempeño de Consuelo Porras ya es un issue ciudadano, o sea, tendrá consecuencias.