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Opiniones de hoy

El Poder Constituyente está sujeto a Derecho

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El Poder Constituyente tiene límites jurídicos.

El poder constituyente es la expresión de la voluntad suprema, legítima y soberana del pueblo, a través de la cual se funda y organiza el Estado de Derecho, sustentado en un régimen de gobierno republicano y democrático representativo, la separación de poderes y la supremacía y defensa de la Constitución, que garantice a los habitantes del territorio nacional la vida, la integridad personal, la libertad, la seguridad y la igualdad, así como que se rija por leyes justas, es decir legítimas, generales, abstractas, razonables, estables, no retroactivas, coercibles y ajustadas a la realidad nacional, cuya finalidad sea la realización de la justicia, la certeza jurídica y el bien común.

De suerte que el poder constituyente decreta y reforma la Constitución, que es la norma suprema del Estado, que incorpora los derechos humanos fundamentales y programáticos, los principios liberales, democráticos, republicanos, subsidiarios y solidarios, así como la delimitación y determinación de las funciones y competencias de los órganos, instituciones y entidades estatales.

Por otro lado, el poder constituyente, dentro del orden jurídico constituido, se manifiesta generalmente a través de un referendo constitucional decisorio, que es el procedimiento consultivo obligatorio o vinculante propio de la democracia directa, por medio del cual se reforman preceptos constitucionales; o mediante el típico mecanismo de democracia indirecta que se traduce en la elección de representantes en comicios libres, limpios y justos, basados en un efectivo sufragio, que se reúnen en asamblea constituyente, la que, a su vez, aprueba enmiendas a la Constitución.

En Guatemala, el poder constituyente, por mandato constitucional expreso, se manifiesta, en el contexto del orden jurídico constituido, a través de una Asamblea Constituyente, convocada por el Congreso, o por medio de un referendo constitucional decisorio, este último después de haber sido instado por el Congreso y convocado por la autoridad electoral. La Asamblea Constituyente tiene la potestad de reformar las disposiciones constitucionales relativas a los derechos humanos individuales, así como el Artículo 278 constitucional, en tanto que corresponde al referendo constitucional decisorio, a través del sufragio ciudadano, la autoridad, en definitiva, de reformar los demás preceptos de la Constitución.

En todo caso, la Asamblea Constituyente, cuya voluntad se manifiesta a través de representantes de los ciudadanos, no puede reformar artículos de la Constitución cuya enmienda le corresponde directamente al pueblo por medio del referendo constitucional decisorio; y, asimismo, este, o sea el referendo constitucional decisorio, no puede modificar las disposiciones constitucionales cuya reforma está expresamente reservada a la asamblea constituyente. Hacer lo contrario supondría una actuación de facto, fuera del Estado Constitucional de Derecho. 

La Corte de Constitucionalidad, en la sentencia de fecha 8 de febrero de 1999, recaída en el expediente 931-98, expresa: “(…) Al Tribunal Constitucional corresponde (…) custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquel (…)”. 

En conclusión, tanto la asamblea constituyente como el referendo constitucional decisorio son poderes constituyentes que actúan dentro del marco del orden jurídico constituido; y, por ende, deben sujetarse a los límites jurídicos que les impone la Constitución, a la luz de que esta es fundamento permanente del orden jurídico y estatal, tal como instruye el Tribunal de lo Constitucional.

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