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Opiniones de hoy

Pruebas falsas y corruptos verdaderos

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La corrupción elevada a política de Estado mantiene su paso firme.

Cuando adquiere categoría de política de Estado, la corrupción es defendida por las máximas autoridades, mientras que los órganos de control teóricamente encargados de descubrirla y perseguirla guardan silencio cómplice.

Mientras para la mayoría de guatemaltecos y observadores externos, incluida la empresa fabricante de las pruebas adulteradas, la compra de pruebas falsas COVID-19 es un crimen execrable, para el Presidente de la República se trata de una “irresponsabilidad administrativa”. 

La máxima “autoridad” del país sale en defensa de los presuntos implicados pretendiendo bajarle importancia al tema rebajándolo a un error administrativo, y en cambio reprende a la autoridad denunciante que en este caso es la Ministra de Salud por armar un escándalo.

El mundo al revés no termina allí. Para defender su punto el mandatario se acuerpa de su Comisión Anticorrupción que tuvo conocimiento del mismo caso semanas antes y le da su espaldarazo por no decir ni pío ni hacer escándalo, que es según Giammattei, la conducta esperada de un funcionario de su gobierno. 

Relativizar los actos de corrupción desde la primera magistratura del país es darle licencia y tarjeta de peaje e ingreso a todos los funcionarios a la autopista de corrupción que cada gobierno sigue ampliando y pavimentando.

Los órganos de control brillan por su ausencia y se apegan a la conducta que tanto complace al mandatario. La ministra de salud en cambio debe aguantar la reprenda y en lugar de ser reconocida y felicitada por su valentía y apego a su deber de denunciar queda regañada y posiblemente marginada.

La corrupción elevada a política de Estado mantiene su paso firme y para lograr su consolidación la alianza oficialista se apresta a tomar las cortes del país por las buenas o por las malas.

Elevar la corrupción a política de Estado no escrita pero practicada a diario y con diligencia más que las que están en blanco y negro como la de combate a la desnutrición infantil, está llevando al país a configurar una institucionalidad funcional a los negocios turbios e infuncional para las tareas propias de un Estado constitucional de derecho.

Para el mandatario era suficiente hacer efectiva la fianza en el caso de las pruebas falsificadas. No le interesa saber quienes se confabularon para hacer semejante negocio, como tampoco destituir a los presuntos y casi obvios responsables.

Con semejante liderazgo al mando del país tanto funcionarios como instituciones entienden rápidamente el mensaje y amoldan su actuar y desempeño al modo saqueó.

No nos extrañe que al pasar otro año igual, Guatemala ya esté compitiendo por el primer lugar en percepción de corrupción y desplacemos a Venezuela y Nicaragua.

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